El Gobierno y las comunidades deciden echar a rodar el Observatorio del Vino
Pilar Merino, consejera de Agricultura, Ganedería y Pesca del Gobierno de Canarias, durante una de las reuniones que mantuvo el Gobierno central con las comunidades autónomas en Lanzarote. / Fotos: Anabel Navarro
La Conferencia Sectorial de Agricultura decidió este lunes en Lanzarote poner en marcha el Observatorio Español del Vino, con participación mayoritaria del sector privado pero permitiendo la entrada a las comunidades autónomas de forma rotativa al objeto “de recoger la pluralidad que tenemos en cuanto a lo que puedan ser nuestras producciones vitivinícolas”, comentó la ministra Elena Espinosa. Aunque el Observatorio del Vino tiene una dotación de 650.000 euros, la ministra de Agricultura, Ganadería y Pesca explicó que el dinero no es para ejecutar programas de promoción, porque entre otros motivos sería una cantidad muy pequeña, sino para los gastos de funcionamiento del propio Observatorio. Las acciones promocionales y otras dirigidas a incrementar el valor de los caldos españoles, las exportaciones y las ventas, serán consensuadas entre el sector privado, las distintas comunidades autónomas y el Gobierno central.
Criterios para participar en el Observatorio
Las autonomías han elegido tres criterios para rotarse la participación en el Observatorio: el valor de la producción, la superficie relativa a la producción dentro de cada comunidad autónoma y el peso específico que pueda tener en una comunidad el sector vitivinícola así la producción no sea cuantiosa. En este último punto la ministra ejemplificó con el caso de Lanzarote, en donde el paisaje tiene una enorme importancia medioambiental y a la vez mantiene una destacada función económica. Por el Observatorio rotarán anualmente todas las comunidades autónomas y comenzará a operar, en su orden, por Castilla y León, Castilla La Mancha y Cataluña. Se han escogido las comunidades estableciendo un ranking de acuerdo a cada uno de los criterios antes señalados.
De otra parte y con referencia a uno de los temas tratados en el Consejo Consultivo de Política Pesquera, el atún rojo está sometido a un plan de recuperación de la Unión Europea que conlleva a la reducción de las cuotas permitidas a cada uno de los estados miembros. El Ministerio de Agricultura, Ganadería Pesca y las comunidades autónomas de España decidieron en Lanzarote, en la reunión del Consejo Consultivo de Política Pesquera, un reparto vinculado a ciertas flotas que les permitirá, en palabras de la ministra Elena Espinosa, “gestionarse mucho mejor”. Según explicó la ministra, si cada flota sabe de la cuantía en toneladas de que dispone para las capturas, podrá decidir a lo largo del año el tiempo que dedica o no a la actividad. Otra ventaja es que la decisión de capturar podrá estar en función de la comercialización o de los precios. “Creo que es un avance más en la corresponsabilidad con el sector para solucionar el problema que tenemos con el atún, pero con la perspectiva de que España mantiene la misma cuota que tenía antes, dado que los porcentajes de la UE afectan más a otros países”, dijo Espinosa en rueda de prensa. Además, otro de los puntos destacados del Consejo pesquero celebrado en la Isla ha sido el análisis de la propuesta de la UE para combatir la pesca ilegal. España ha pedido e insistirá en medidas para terminar “con esta lacra” que afecta directamente en la economía de los pescadores.