La AECL denuncia posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras del fondo estatal

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Lanzarote (AECL), Neftalí Acosta, reivindicó este lunes lo que el sector considera una necesidad imperiosa: que se supervise que los ayuntamientos de la Isla y el propio Cabildo de Lanzarote hayan respetado de forma escrupulosa el pliego de condiciones acordado para la adjudicación de las obras de Fondo Municipal de Financiación, el mal llamado fondo Zapatero. Tal y como recordó Acosta, el proceso de licitación se encuentra en estos momentos en fase de adjudicación provisional.

“No todos dos los ayuntamientos están actuando con la misma vara, y estamos desorientados por unas y otras cosas extrañas, y precisamente por eso hemos solicitado toda la documentación a las corporaciones, para su supervisión”, anunció. “Consideramos que seguramente habrá algún aspecto ‘extraño' a la hora de adjudicar estas obras”, sostuvo.

Según expuso en su queja pública el dirigente de la Asociación, durante su intervención en El Despertador, de Agustín Acosta Radio, desde diferentes sectores de la actividad de la construcción se han elevado reiteradas denuncias sobre la poca equiparación entre los criterios que emplean unas y otras instituciones públicas a la hora de adjudicar los mencionados trabajos, a pesar de que el criterio que dictó en principio el Gobierno central fue la generación de empleo.

El presidente de la patronal criticó que diversos municipios no estén teniendo tanto en cuenta que las empresas que optan a dicho concurso y que han mantenido a sus empleados en ellas hasta ahora deberían tener el mismo valor puntuable que, por su parte, se llevan las empresas constructoras que recuperan para el colectivo de ciudadanos en activo a un grupo de desempleados. “Nos extrañan los criterios de adjudicación, aparte de que las hayan cogido sólo dos o tres empresas en el municipio de Arrecife por ejemplo, la diferencia ha estado en que se contrataba a desempleados o contratar mucho personal”.

Acosta aseguró que antes de las licitaciones su Asociación ya advirtió de que podía haber ‘gato encerrado' en el proceso, en la composición de los criterios relacionados con el empleo. “Se primaba a las que sacaban a personas del paro que las que estaban manteniendo al personal, y sé de buena tinta que hay empresas que lo han hecho así, con el riesgo de que las obras se las dan a una sola empresa, y no a las cinco o seis que se hayan podido presentar. El hecho de puntuar doble el que se sacara del paro a un trabajador ya era determinante, para Acosta. “Resulta extraño que la mayoría de estas empresas sean verdaderas desconocidas y que la mayoría tengan poco más de un año desde su creación (...) Quizás alguna empresa no ha jugado limpio, pero daremos cuenta de ‘posibles' deficiencias y de que no se trata de empresas creadas para estos fondos y estos tipos de obras. “Queremos evitar posibles irregularidades e injusticias”.

Por otro lado, aunque se supone que los fondos debían servir para fomentar la inversión y el empleo en el lugar donde han sido destinados, Acosta reveló que“alguna empresa de fuera se lo ha llevado, y también empresas grandes”.

Presuntos incumplimientos

Del mismo modo, Neftalí Acosta señaló que de acuerdo a las adjudicaciones provisionales, hay obras que simplemente en personal se llevan todo el dinero que supone la obra, sin incluir los materiales.

“Por eso están pidiendo “un control, que se supervise que las empresas que han resultado adjudicatarias cumplan con los parámetros exigidos: el tiempo de la obra, el presupuesto final y la contratación o mantenimiento del personal que se ha acordado en esas contrataciones”, aseveró. Y es que los empresarios de la construcción temen sea muy difícil que estas empresas hayan cumplido con estos parámetros, “porque estamos hablando de gastar más dinero del que se recibe. Ninguna empresa es de momento una ong”, esbozó.

“Esperamos poder evitar que se produzcan luego grandes males y, sobre todo, que las obras al final no se puedan terminar de realizar, porque son muy necesarias en estos momentos”, comentó.

Arrecife asegura haber intentado abrir el abanico

Por su parte, en e mismo espacio radiofónico, el concejal de Economía y Hacienda, José Miguel Rodríguez, afirmó, en cuanto a las condiciones que el fondo estatal marca a las instituciones a la hora de adjudicar las obras para recibir dicho dinero, que ya en fase de licitación se ha comprobado el fomento del empleo según se ha constatado por diversas fuentes y colectivos. “Hemos intentado abrir el abanico y que ese dinero se fuera distribuyendo por el máximo número posible de empresas”, aseguró, “pero no hemos encontrado la herramienta que nos permitiera que ese fondo fuera repartido de alguna manera dentro de todo el sector empresarial del municipio de Arrecife”, admitió.

Rodríguez reconoció que había existido “mucha picaresca” a la hora de ser receptoras de las obras. “Ha habido tres grandes empresas que se han repartido la mayoría del lote municipal, y nosotros lo que estamos haciendo a través de la Ley de Contratos del Estado es exigir, en adjudicación provisional de la misma, todas aquellas garantías de la Ley que nos permita cumplir con esta”.

El concejal recordó que a final de año los ayuntamientos tendrán que presentar toda la documentación al Gobierno central, justificando así la inversión en cada localidad. “Si no somos capaces de darle cumplimiento a toda esa documentación, nos pondrían una penalización e incluso no seríamos receptores del resto del dinero”, dijo, antes de desear que en próximas ediciones de estos fondos el Gobierno central regularice algo más la tramitación de la adjudicación.