27 de mayo
Termina el mes de agosto y con él las vacaciones de la mayoría de los lanzaroteños, incluidos los políticos. Y es que a partir de septiembre empieza un curso político lleno de acontecimientos que van a traer mucho que hablar. A pesar de que durante el mes de agosto hubo cierta polémica en torno al Plan Especial del Puerto de Arrecife (PEPA), recurrido por casi toda la oposición capitalina, todo parece indicar que lo que viene a partir de ahora será mucho peor, no en vano nuestros políticos tienen hasta el próximo día 27 de mayo para demostrar lo que tengan que demostrar.
Hay infinidad de temas pendientes. Como todos sabemos los políticos se han dedicado durante buena parte de la legislatura a discutir, discutir por todo. Ya lo decía ayer la alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, si por la aprobación inicial del PEPA se ha formado tremendo follón, qué pasará cuando se apruebe la Adaptación Básica o la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que parece ser que son los dos temas que según la primera edil arrecifeña serán los asuntos prioritarios para estos ocho meses de mandato que quedan.
Asuntos, los dos, que han llenado páginas de periódicos y programas de radio, así como tertulias de televisión sin que en ninguno de los casos se hayan puesto de acuerdo o hayan llegado a un tímido consenso entre las fuerzas políticas que conforman la corporación arrecifeña. Dos asuntos que marcarán la agenda del grupo de gobierno de la capital de la Isla desde este mismo mes de septiembre, por no hablar del PEPA que ha sido protagonista durante todo el verano y que continuará siéndolo una vez que se incorporen todos los miembros de la corporación arrecifeña a sus diferentes puestos de trabajo.
Un documento, el PEPA, que ha recibido tres recursos de reposición por la casi totalidad de las fuerzas que componen la oposición del Ayuntamiento de Arrecife, es decir Alternativa Ciudadana, Partido Popular y Partido de Independientes de Lanzarote asegurando en dichos escritos, entre otros, que por parte del grupo de gobierno se han cometido “irregularidades” en su tramitación y que “copia el modelo de desarrollo urbanístico especulativo”, además de acusar al grupo de gobierno de “incumplimiento grave consciente del Plan General”.
Unos recursos que tendrán que ir en primer término al pleno de la corporación y posteriormente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en caso de que éstos no prosperen como parecen indicar las propias palabras de la alcaldesa que resta importancia a los mismos afirmando que “son iguales, aunque con distinto tipo de letra (por eso uno ocupa más folios que los otros), y que no responden a otro criterio de ciudad que tengan dichos partidos sino a conseguir un espacio mediático donde decir que lo que está ahí “es un disparate””.
Pero la legislatura continúa y con ella se plantean otros temas importantes para Arrecife como las interminables obras de San Francisco Javier o la situación del tráfico que cada vez se hace más insostenible. Está claro que en todas las ciudades se tiende hacia la peatonalización de su zona centro, y eso es bueno para los vecinos y visitantes de Arrecife, pero también es verdad que se requiere una alternativa para la cantidad de vehículos que pasan diariamente por sus calles, aproximadamente unos 20.000.
Por eso es fundamental que haya una especie de ‘tiempo muerto' en la institución local para intentar solventar en estos últimos meses de legislatura algunos de estos problemas, que en algunos casos ya se han enquistado. Es importante que podamos decir que en estos cuatro años se ha hecho algo en Arrecife o que se han conseguido las inversiones necesarias para paliar los efectos que en una ciudad como la nuestra produce el brutal aumento de la población que se ha registrado o que incluso se han puesto los cimientos para que en la próxima legislatura, que está a la vuelta de la esquina, se culminen las grandes obras que Arrecife necesita, siempre con el consenso de todos.
Y si hablamos del Ayuntamiento de Arrecife, no podemos dejar de hacerlo del Cabildo de Lanzarote, una institución en la que se ha intentado desde el principio de la legislatura una cierta estabilidad, pero que sin embargo, y a pesar de las palabras del presidente accidental de la institución durante el mes de agosto, el nacionalista Mario Pérez, ésta no se consigue. Son tres partidos demasiado diferentes y con unos objetivos también muy distintos.
Ya lo comprobamos durante el mes que acaba de finalizar con las supuestas conversaciones del consejero de Política Territorial, Carlos Espino, con los promotores del Plan Parcial Montaña Roja y que la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, no conocía. El mentado consejero restó importancia a ese encuentro afirmando que no era más que uno de tantos que celebran los técnicos del Cabildo con la citada promotora, al tiempo que tachó de “jueguito de verano” la polémica suscitada en torno a esas conversaciones.
Sin embargo, si hay un tema que ha causado malestar y diferencias en el seno del Cabildo ha sido el Plan Territorial Especial (PTE), un plan que a lo mejor ni siquiera sale en esta legislatura según la propia presidenta del Cabildo y que conlleva la aprobación por parte del Gobierno de Canarias de una serie de partidas importantes para cubrir las indemnizaciones de las que se viene hablando estos últimos días en caso de que finalmente prospere, que esperemos que así sea y en el menor tiempo posible.
Podemos hablar en los mismos términos de San Bartolomé, un ayuntamiento en constante crisis; de Yaiza, Tías, etc..
En fin, multitud de asuntos pendientes cuya resolución se complicará aún más con la cercanía de las elecciones y de los pactos que se tendrán hacer por parte de la mayoría de los partidos para conseguir resultados favorables en los próximos comicios. Esperemos que la atención ahora no se centre únicamente en el 27 de mayo de 2007 sino que se piense sobre todo en la resolución de estos problemas para que al final los ciudadanos puedan tener base suficiente para poder elegir y elegir bien.