La sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha dado un plazo de dos meses al Gobierno de Canarias para reponer como presidente de la Federación de Lucha Canaria a Francisco Rivero Vega. Así lo ha determinado tras acordar, en una sentencia emitida el pasado 12 de septiembre a la que ha tenido acceso este diario, a "despachar una ejecución forzosa debiendo proceder la administración ejecutada dentro del plazo máximo de dos meses a ejecutar la sentencia a que se refieren los presentes autos, en los términos literales de la misma y los expuestos en la solicitud de ejecución, bajo expreso apercibimiento de que en caso de transcurrir el plazo sin cumplirse lo acordado podrán imponerse multas coercitivas periódicas a la autoridad o funcionario que resultare responsable del incumplimiento". Además también se inadmite la solicitud de la administración de promover incidente de imposibilidad de ejecución y se condena en costas de la administración ejecutada.
Esta nueva sentencia llega tras fallar el pasado 24 de enero la Sección Segunda de la Sala del Contencioso Administrativo del TSJC a favor del ex presidente de la Federación Canaria de Lucha Francisco Rivero Vega en su causa contra el Gobierno de Canarias tras la resolución que se llevó a cabo para su cese.
El 4 de diciembre de 2022 el que fuera por aquel entonces director general de Deportes del Gobierno autonómico firmó una resolución para revocar de sus funciones a Rivero, siendo asumidas por el propio Ejecutivo hasta que la entidad recuperara su normal funcionamiento.
La Dirección General de Deportes justificó esta decisión en la falta de una convocatoria de elecciones pese a ser solicitadas y requeridas en varias ocasiones según lo establecido en los estatutos de la institución, sobre todo como consecuencia de las siete dimisiones que se produjeron en el equipo de gobierno.
Ahora, después de numerosos dimes y diretes y de que el asunto no estuviera en absoluto claro, el TSJC, según determinó la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, determinó que la resolución realizada por el Gobierno de Canarias debe ser anulada y restituirse a Rivero en sus funciones.
