Taxistas, municipalismo e insularización
Por Santiago Ramón Araña
Perplejo y preocupado me encuentro por la postura de dejación y renuncia de competencia que por parte de los ayuntamientos lanzaroteños se ha producido en lo que respecta al servicio público de viajeros en autotaxi.
Parece que los actuales mandatarios municipales en la Isla de Lanzarote no quieren asumir la responsabilidad que conlleva la regulación, funcionamiento, ordenación y fiscalización de la única competencia que el ordenamiento jurídico estatal y autonómico reservan con carácter exclusivo a los municipios en materia de transporte de viajeros, competencia ésta que no está adjudicada por azar o producto de la improvisación o el capricho, sino que el ordenamiento jurídico toma esta decisión competencial basándose principalmente en la cercanía o proximidad de la Administración al servicio regulado, y consciente de que son los propios ayuntamientos los que mejor conocen las necesidades y peculiaridades del municipio en esta área y por eso, son ellos los que deben de asumir todas esas funciones competenciales dichas.
Hasta ahora el municipalismo se había caracterizado por la aprehensión y celoso mantenimiento de competencias, donde los alcaldes y ediles recababan para su Ayuntamiento todas las competencias posibles, ya que querían que fueran los propios vecinos, a través de sus representantes políticos locales los que decidieran en todo momento lo más conveniente para esa localidad, y por otro lado, los vecinos veían con buenos ojos y satisfacción poder incidir en sus problemas y participar en las soluciones que fuesen precisas y más convenientes en esas cuestiones y necesidades.
Pues bien, no entiendo cómo en el área de transporte de viajeros, los Ayuntamientos se desprenden, desde un punto de vista fáctico y cuasi-jurídico, de ordenar en sus respectivos municipios el servicio de taxi, al asumir las instrucciones dadas por el Cabildo insular en el "sistema Auriga", insularizando de forma enmascarada este servicio, mediante la adhesión obligatoria y bajo la amenaza de que quien no se adhiera y cumpla esas directrices, podrá perder su licencia para ejercer esta profesión de tanto arraigo en cada municipio.
¿Para qué se establece una "Central Única" de uso común para todos los auto-taxis de la Isla con carácter obligatoria e ineludible, si se señala que "los servicios urbanos e interurbanos se harán exclusivamente por los vehículos del municipio donde se origine la demanda, no permitiéndose, en consecuencia, la recogida de viajeros en todo el término municipal por vehículos de otros municipios"? Esto lo entendería si por parte del área de Transporte y Plan Insular de Seguridad del Cabildo insular de Lanzarote se hubiera puesto el énfasis y se hubiera justificado la inversión ya realizada, de más de 50 millones de las antiguas pesetas, en la adquisición del instrumental del Auriga-, en la seguridad de los taxistas ante posibles atracos o vigilancia a los que tuvieran que enfrentarse en el ejercicio de su trabajo, pero no, la razón principal en la que se sustenta la adquisición, las adhesiones municipales y la puesta en funcionamiento de este sistema, la pone el Cabildo insular, por voz de su consejero responsable del área en la "presentación del servicio" y dice que este servicio público va a cambiar en Lanzarote, pues desde ya, se acabaron las disculpas seguidas de "no hay ningún taxi disponible, vuelva a llamar más tarde, al tiempo que señala que el sietema podrá elegir o asignar servicios a taxis de otros municipios, en puertos, aeropuertos y otros lugares o puntos que de forma esporádica así lo requiera.
Creo sinceramente, pues inequívocamente así se percibe de los objetivos que se ha trazado el Cabildo insular, que con este paso se colocaron los cimientos de la ya, de hecho, insularización del servicio de taxi en la Isla, y si no, al tiempo. Como argumento contrario a lo que digo, no me cabe que se diga que está previsto en las modificaciones a las ordenanzas adheridas "que las asociaciones profesionales de taxis de cada municipio con las demás de otros municipios arbitrarán los mecanismos necesarios para la gestión de la Central Única, mediante la creación del órgano que estimen más adecuado", pues como todos sabemos los intereses profesionales y económicos de los taxistas de unos municipio, -léase por ejemplo turísticos-, están enfrentados de forma irreconciliable con los de los otros municipios.
Para acabar, decir que espero por el bien y futuro de mis amigos taxistas de Lanzarote, que sean capaces de conceptuar y poner en marcha un órgano de gestión de la Central Única Insular, donde quepan y se conjuguen todos los intereses, sin que quiebren los derechos y expectativas que cada uno tiene en razón al municipio al que pertenecen, al tiempo que los políticos municipales, si leen estas líneas, tomen conciencia de que el municipalismo conlleva asumir y gestionar las competencias que el Ayuntamiento tiene otorgadas, sin renunciar ni ceder, -ni total ni parcialmente-, a ninguna de ellas.