Sarcasmo medioambiental
Por Santiago Pérez
Después de no rebelarse contra la decisión de Zapatero de no recurrir la Ley Canaria del Catálogo de Especies Amenazadas ante el Tribunal Constitucional, a pesar de tener un Informe muy consistente de la Dirección General del Medio Natural que proponía la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad.
Después de sí “rebelarse” contra el anuncio de Ferraz de excluir a Casimiro de las Listas al Senado.
En vísperas de elecciones. Con la fábrica flotante de prismas para construir la escollera de abrigo del Puerto de Granadilla amarrada al Puerto de Santa Cruz (¿quién la habrá hecho venir, precisamente en vísperas electorales?).
Entonces, sólo entonces, J.M.Pérez anuncia que se va a reformar la Ley del Catálogo. Y, aunque no figura en el Pacto de Gobierno ni se hizo mención en el Discurso de Investidura --que yo recuerde--, el Vicepresidente y Consejero de Medioambiente (pero no de Ordenación del Territorio que ahora está con Infraestructuras… y sigue, cómo no, en manos de Coalición Canaria) ) nos da la buena nueva de un próximo Proyecto de Ley. Entretanto, Paulino calla.
José Miguel Pérez no debe haber comprendido, supongo que porque no le interesa, que la gran trampa de Coalición Canaria y del PP fue precisamente la de regular el Catálogo por medio de una Ley. Y no como ha hecho el Estado y como había hecho Canarias, que crearon sus Catálogos respectivos por Real Decreto 439/1990 y por Decreto 151/2005 del Gobierno de Canaria.
Al regular el Catálogo por Ley del Parlamento de Canarias, y no por Decreto del Gobierno, lo que pretendía Paulino era impedir a los ciudadanos y a los científicos de las Universidades Canarias ejercer sus derechos de información, participación y acceso a la justicia en materia de medioambiente reconocidos por el tratado de Aarhus, por Directivas europeas y por Leyes españolas.
Tramitando el Catálogo a través del procedimiento legislativo le cerraron las puertas en las narices a todo el mundo. Y una vez aprobada la Ley canaria de (des)protección de Especies Amenazadas, tampoco podían los ciudadanos cuestionar ante los Tribunales su inconstitucionalidad. Porque una norma con rango de Ley sólo cabe recurrirla ante el Tribunal Constitucional y la legitimidad procesal para plantearlo es restringidísima. Por eso, Coalición Canaria se volcó a neutralizar el recurso del Gobierno de España que Spínola había dado por cantado. Y lo consiguió. Fue una de las contrapartidas secretas del apoyo de Oramas a Zapatero.
Sin embargo, si el Catálogo se hubiera tramitado por Decreto los Servicios Jurídicos y Técnicos de la Administración habrían tenido que emitir sus Informes, habrían sido preceptivos trámites de evaluación ambiental, información pública…Es decir, se hubiera transparentado todo esto. Que es exactamente lo que Paulino quería evitar.
Y, sobre todo, un Decreto es impugnable ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La posibilidad de hacerlo es un derecho de los ciudadanos. En materia ambiental, ese derecho está reconocido en términos muy generosos por la sencilla razón de que la defensa del medioambiente está condenada al fracaso si no es asumida por como un compromiso de toda la sociedad. Un compromiso intergeneracional. Todas las exposiciones de motivos de todas las leyes de los últimos años lo subrayan. También las Leyes canarias.
Y cuando el contenido de un Catálogo está condicionado por fines ajenos a la conservación de la biodiversidad, y no sólo ajenos sino contradictorios, como lo demuestra la desprotección del sebadal para allanar el camino a la construcción de un puerto. Y cuando las consecuencias de la desprotección pueden ser irreversibles, porque los sebadales no son macetas que se trasladan de balcón, se puede solicitar a los Tribunales la suspensión de la aplicación del Catálogo. Que también Paulino y ciertos lobbies querían evitar a toda costa.
Por eso, cuando José Miguel habla de reformar la Ley del Catálogo (en la antesala electoral y sin precisar cuándo) sigue en el terreno elegido por Paulino. Un terreno, el de la regulación del Catálogo o su reforma por Ley, que convierte a nuestra flora u fauna en un coto particular del Gobierno de turno. Y coloca a los ciudadanos en el dique seco. O sea, al contrario de lo que se hace en los países más avanzados. Por eso Paulino calla. Y sonríe.
Lo que hay que hacer es lo que propusimos los socialistas en la pasada legislatura: que el Catálogo se vuelva a regular por Decreto, previa tramitación de un procedimiento en el que la información y participación ciudadana sean garantizadas efectivamente. Porque son derechos. Y en el que sean preceptivos los Informes no sólo de los Servicios Jurídicos y Medioambientales de la propia Administración autonómica. Sino los de las Universidades e instituciones científicas del Archipiélago. Que las hay y de mucho prestigio.
Pero eran otros tiempos. Y el PSC-PSOE también era otro. Y quienes lo dirigíamos queríamos que el PSC liderara la política canaria. Y llegar al Gobierno para dirigirlo, no para ser rehenes de nadie. Y, sobre todo, vivir de pie y no arrodillados. Hay alguno que estas cosas no las entenderán en su vida. Ni en bajada.