¿Panfletos... en Inalsa?
Por Ramón Pérez Hernández
Por legalidad se entiende aquello que es permitido bajo el sustento de un marco de derecho (el llamado derecho positivo), mientras que por justicia se entiende “lo que debe ser” (derecho normativo), velando por los intereses de todas las personas morales o físicas. O lo que es lo mismo, define el marco de derecho en que se debe mover la legalidad.
La fatua y jactanciosa tramitación dada al “Plan de Viabilidad y Modernización de Inalsa”, aprobada sin pies ni cabeza el 23 abril 2008, desechando livianamente el derecho normativo y, para mas inri, el inconfesable Contrato preparado el 15 mayo para firmar Plácida, ofrendando a la UTE 2,5 millones de euros e intereses al 6,25%, con cuatro ¡pagarés!, asistidos estos actos por los “consejos” (¿a la carta?) del consultivo de Inalsa, es posible reboten en tenebrosos quebrantos legales y económicos en contra del activo hidráulico de esta requemada isla, pues si consiguen, como lo intentan a lo incivil, “privatizar” y endeudar el ciclo del agua de Lanzarote, entonces los conejeros tendremos que cargar para siempre, a través de tasas municipales (léase, impuestos...) con el coste, prohibitivo, de las potabilizadoras, tuberías, alcantarillas, balsas, etc., tal como sucedió con el “negociete” de la UTE, organizado por Dimas (PIL), y firmado a la zorrúa por Plácida el 18-10-2001 con el visto bueno de Enrique, tirando a la basura... el valor de la Desaladora Janubio de 10.000 m3 día, consignada por el Gobierno de España en la Ley 10/2001,de 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional, gratis para Lanzarote. ¡Vaya un ultraje y bribonada al futuro hidrológico isleño!. Y ahora, remacha Placida en plan risitas, con su probada deslealtad al interés general, dándole a la UTE 2,5 millones de euros como regalo de consolación e intentando otra negligente jugada a favor de privados por 47,8 millones de euros, cobijándose en el enigmático visto de la Sra. Armas y su PSOE. ¡Qué imprevisibles y desapacibles sorpresas te la vida!. Estos actos, presuntamente “contra el orden público”, que deduzco al leer “bien” los imparciales Informes de la Interventora Cabildicia (28 junio y 2 julio) ‘dando en el clavo' al...”marco de derecho en el que se debe mover la legalidad”, tienen que denunciarse por despojarse en el tramite del Plan, el ‘papeleo' que exige la fidelidad legal; por no efectuarse el trámite forzoso de publicitar el negligente Acuerdo durante 15 días en el Boletín Oficial, para que los vecinos hagamos “alegaciones” y, además, por el arbitrario Contrato dando Placida a la UTE lo que le viene en ganas, ya que la facultad de ‘Organización' de la Sociedad Inalsa (la ‘Fantasma', que a instancia de la Audiencia de Cuentas de Canarias, debió ser ¡disuelta! desde 1.999!), en este caso de la firma del contrato por más de 2.5 millones de euros, la ‘estructura financiera' de la Sociedad, es indelegable. Si la Oposición respeta, como ha aclarado estos días, el sagrado patrimonio hidráulico de los conejeros, que ampara el Art. 45.2 de la C.E., o sea, el interés general insular y, si moralmente lo considera razonable, tiene la obligación, con la “Mesa Insular del Agua”, de acudir a los Tribunales e impugnar tanto el Acuerdo del Plan, como el contrato-regalo a la UTE, para que la JUSTICIA defina (¡qué vergüenza!) el “marco de derecho en que se debe mover la legalidad”.