La especulación, enemigo de la sostenibilidad
Por José Luís Gálvez
La Eurocámara ha condenado de manera insistente el urbanismo salvaje que se desarrolla en España dentro de una Europa que pretende ser líder que aplican mundial en el desarrollo económico así como en el bienestar de las personas fomentando la innovación, la transparencia de los mercados, la conservación medioambiental y la lucha por implantar la habitabilidad y sostenibilidad del hábitat.
El mercado español, Lanzarote está dentro de este mercado, no encaja en estas pretensiones europeas, parece un sueño. Pero todos sabemos que no es así: los protagonistas de los mayores desmanes urbanísticos y escándalos financieros (hablamos de ciertos “personajes” y gobiernos locales principalmente) que hemos vivido en los últimos años e incluso meses fueron elegidos o reelegidos en las últimas elecciones democráticas municipales e insulares y continúan formando, la mayoría, parte del poder público local.
Un análisis de estos hechos nos desvela su relación con el carácter altamente especulativo del mercado inmobiliario que atrae al capital, permite el blanqueo de dinero y ha traído consigo la escasez de viviendas asequibles, produce gran derroche de patrimonio físico, cultural y ambiental, fraudes inmobiliarios e inseguridad jurídica con debilitamiento de la convivencia democrática.
Este es especulativo por la propia naturaleza de los bienes urbanos, escasos y duraderos, ofrece al inversionista comprar, retener terrenos y edificaciones, aumentando así su escasez y su precio, sobre todo en mercados que tienen una gran demanda: ampliaciones de ciudades, segundas residencias y zonas turísticas. Esta actitud la han posibilitado las correspondientes administraciones que no han regulado con visión, anticipación y eficacia las normativas urbanísticas.
Los especuladores tratan, como es lógico, de obtener grandes y cuanto más grandes mejor, rentabilidades en sus inversiones influyendo en las corporaciones que aplican las normativas del uso del suelo para, en bastantes casos, que se adapten a sus intereses o que se tolere su incumplimiento, el problema radica que esto se ha conseguido en muchas ocasiones pues la construcción supone ingresos importantes para los ayuntamientos y que la avaricia y el deseo de rápido enriquecimiento de algunos alcaldes, ediles y funcionarios ha traído comportamientos corruptos.
También se han producido y se siguen produciendo desmanes urbanísticos y agresiones a los ciudadanos y sus habitats por la ignorancia e incompetencia de los cargos públicos y sus nubes de asesores. De esta forma las viviendas asequibles, los buenos habitats han desaparecido del mercado, proliferan, sin embargo, las promociones inmobiliarias de tipo especulativo y ordenaciones urbanísticas que no tienen en cuenta que la calidad y mantenimiento del patrimonio físico y ambiental tiene efectos positivos tanto sobre el bienestar de las personas como en el futuro de la economía.
Me pregunto ¿por qué una parte de la ciudadanía tolera esto?
Primero, la escasez de viviendas asequibles ha originado la masiva compra de viviendas libres, ayudado por la baja de los intereses bancarios de los últimos años. Muchos de estos compradores están satisfechos con esta especulación porque sus compras han tenido una buena revalorización.
Segundo, el pequeño ahorrador que ha invertido en el mercado inmobiliario ha obtenido, ayudado por la baja rentabilidad de los depósitos bancarios, unos buenos réditos y plusvalías.
Tercero, el sector de la construcción ha sido uno de los puntales del desarrollo económico: ha creado riqueza y empleo pero casi todos, ciudadanos, proveedores y administraciones públicas temen que la recesión siga creciendo y perdamos una muy importante fuente de financiación.
Así vemos que el “New caciquismo”, personificado en forma de promotores inmobiliarios, grandes comerciantes e industriales, vuelven a aparecer en varios de estos municipios y se convierten en los verdaderos directores de su planeamiento.
Se está intentando, amparados en el comportamiento democrático, adoptar nuevas medidas legislativas que se ven dificultadas en su implantación por la complejidad de la situación a la que se ha llegado por dejar funcionar libremente, durante bastantes años, al mercado inmobiliario y el crecimiento de los pueblos.
Pienso que la medida más efectiva para poder llevar las cosas a su sitio o al mejor sitio posible, pasa por la vía del dialogo, la negociación y el pacto, pero sin excluir a ninguna de las partes que deba participar en esta solución.
Hay también, desde niveles de gobierno superiores, que ofrecer a los municipios más recursos de financiación y un buen asesoramiento de su potencial económico y de cómo desarrollarlo para cubrir la falta de visión de los gobernantes que, a veces, conduce a ocasionar graves desmanes urbanísticos irreversibles y no sostenibles.
En conclusión: hay que actuar sin demora para garantizar un hábitat digno para la totalidad de los ciudadanos cumpliendo con el derecho constitucional refrendado en nuestro país hace ya treinta años.
¡Ya es hora de hacer las cosas bien¡