El Gobierno defrauda nuevamente a los guardias civiles

Los pasados días 17 y 25 de agosto, serán fechas tristemente recordadas por los integrantes del Cuerpo. Los Guardias Civiles, MIGUEL JORGE LORENZO PIÑEIRO, JOSE MARÍA GALERA CÓRDOBA y ABRAHAM LEONCIO BRAVO PICALLO, fueron asesinados en esas fechas, mientras cumplían con su deber.

No es posible eliminar el riesgo que entraña ser policía; pero sí que se puede minimizar. Desde AUGC no vamos a parar hasta que se aplique de una vez, una efectiva prevención riesgos laborales en nuestro trabajo, en lo que calificamos como un incumplimiento más del actual Gobierno, que se niega sistemáticamente a desarrollar la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, donde se preceptúa que los guardias civiles “tienen derecho a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas”.

Además nos toca enterrar a nuestras víctimas. Pero parece que no lo fueran, porque si AUGC ha hecho lo que procede, que es ponerse a disposición de las familias afectadas, para ayudarles en lo que podamos, porque esa es una de nuestras funciones sociales - es, quizás la parte más importante de nuestra misión estatutaria - el Ministerio, nuevamente, y para no variar, obvia nuestras competencias, representatividad y legitimidad; ningunea a los vocales del Consejo de la Guardia Civil elegidos democráticamente por miles de guardias civiles para que los representen, y en una falta de sensibilidad institucional sin parangón, ni siquiera se les deja asistir a los actos fúnebres de los compañeros fallecidos.

Pero lejos de desistir, AUGC seguirá exigiendo, desde la legitimidad que nos otorga nuestra mayoritaria representación en la Institución, que se le dote del espacio y los medios necesarios para los propósitos para lo que fue creada. Exigirá por tanto al Gobierno que cumpla la Ley Orgánica 11/2007, -no olvidemos, impulsada y aprobada fundamentalmente por el partido socialista- y les seguirá recordando lo que dice la misma, que “las asociaciones profesionales tendrán como finalidad principal la satisfacción de los intereses sociales, económicos y profesionales de sus asociados y la realización de actividades sociales que favorezcan la eficiencia en el ejercicio de la profesión y la deontología de sus miembros”.