El “PLAN” y el Consejo de la Biosfera

Por Ramón Pérez Hernández

Pleno 31 julio Consejo Biosfera: (Manuela Armas):“El Plan no va a dar marcha atrás”. (Ramón P. Farray -CCOO-): “El objetivo que nos trae aquí es nuestra repulsa hacia cómo se ha hecho este plan de sorpresa; un plan que se ha hecho a espaldas de los interesados y viene de antes, de la voluntad del señor `D'...“. (Carlos Espino): “Este no es el plan del `señor D' o Dimas, como usted ha olvidado matizar, ni es el plan del PIL, es un plan que el equipo de gobierno ha hecho con responsabilidad y coherencia y con el que ahora no para de intentar llegar al consenso”.

Irrelevante “si el Plan es o no el de Dimas... y si se ha hecho con responsabilidad y coherencia y con el que ahora se intenta llegar al consenso”. Lo que conviene depurar es que el pueblo conejero sepa de una vez por todas, si el Grupo de Gobierno del Cabildo, palabrería aparte, está convencido “con legalidad” de si la medida adoptada con la aprobación del Plan en el Consejo de Administración de Inalsa fue legal. Ese es el punto a higienizar en este básico proyecto donde nos jugamos el destino de Lanzarote. Es decir, si se ha cumplido taxativamente el ‘procedimiento reglado' para “aprobar” el Plan, que a a la vista de los hechos consumados, esencialmente los dos Informes de la Interventora del Cabildo, el obligado “TRAMITE” de aprobación del Plan mediante el procedimiento reglado, ¡no se cumplió!, y, me da la impresión de que, insolentemente (...el Plan no va a dar marcha atrás”...), ¡no quieren cumplirlo, porque, deshonestamente, están auto-convencidos de que lo han hecho bien, al repudiar seguir los consejos legales de la Interventora del Cabildo, llamada por la Ley a poner dictamen legislativo en este ‘sapientísimo' affaire. ¡Qué portentosa capacidad de cinismo!. Por tanto, lo que diga la Presidenta y Espino, al no fundarse sus desmedidas afirmaciones en base al acatamiento de la Ley, me importa un pepino. La democracia en España se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo y transparencia y rendición de cuentas, son imperativos de la democracia, pues la historia señoras y señores nos ha enseñado que sin ley no hay libertad.

Por otro lado, repetir mil veces que el pueblo de Lanzarote es consciente de la necesidad urgente de actualizar mediante un Plan elaborado con luz y taquígrafos, y amparado en subvenciones del Estado (Plan Hidrológico Nacional), Unión Europea, Comunidad Canaria, Consejo Insular de Aguas, Cabildo y Ayuntamientos de Lanzarote, y aprobado legalmente, las instalaciones propiedad del “Consorcio Insular para el Abastecimiento de Agua a Lanzarote” (que pertenece a los 7 Ayuntamientos y al Cabildo) y no las de Inalsa, que es una sociedad instrumental del Consorcio, sin capacidad económica, ni competencia decisoria, Sociedad llamada a ser disuelta, tal como a ello instó la Audiencia de Cuentas y el Parlamento de Canarias, ¡desde 1999!, determinación de “obligado cumplimiento" y que los que vienen mandado desde 1999 en las Instituciones Locales de Lanzarote, se han negado a cumplir, plantando cara incivilmente a la Potestad del Parlamento y de la Audiencia de Cuentas de Canarias. ¡Qué arquetipos!. Y no lo digo yo, lo dice la ley y la justicia: un acto arbitrario es ¡nulo de pleno derecho!...