El exilio de los campistas
Llega el verano. Tiempo en el que muchos ciudadanos de Lanzarote, bien sea por la época de crisis que nos asola o bien sea por simple tradición familiar, eligen pasar sus días de vacaciones cerca de la marea. Hablamos de una isla con un nivel de protección más que considerable que te impide el acceso a muchas zonas, y con los pocos sitios que quedan prácticamente invadidos por edificaciones que dan cobijo a nuestra principal industria, el turismo. Todo, metido en una maraña de leyes autonómicas y nacionales que hacen casi imposible plantar una sombrilla sin riesgo a que te caiga una multa.
Si tuviéramos que hablar de lugares en los que legalmente se puede acampar en la Isla lo tendríamos que hacer en singular, puesto que sólo nos encontramos uno: Papagayo. Curiosamente, ahora está cerrado por falta de apoyo económico. Un camping mal gestionado desde el principio, con una mala ubicación (se encuentra en la peor zona de esa costa) y con muchas deficiencias en sus instalaciones. Ahora, es el único y lo será por mucho tiempo, ya que el nuevo plan general que está a punto de ser aprobado no contempla ninguna otra zona para esta actividad.
Con este panorama se encuentran los campistas cada vez que desean salir a pasar unos días de descanso. No se me olvida que vivimos en una isla orientada al turismo y es esa la base de nuestra economía, por lo que hay que tener el máximo cuidado sobre todo con el impacto medioambiental. Recuerdo que me iba con mi familia a las playas de Pechiguera. Allí varias familias pasábamos todo el verano, y no se me olvida tampoco que al terminar la época estival recogíamos todo y lo dejábamos como estaba, para que el siguiente año pudiéramos disfrutarlo de nuevo. Ahora ya es imposible poder hacer esto en esas playas ni legal ni ilegalmente, ya que les han puesto dos hoteles y les han “privatizado” la playa a los privilegiados clientes. Es una costumbre que nos han ido robando y pronto se quedarán con todo el botín.
En los últimos años, por si todo esto fuera poco, se ha entablado una persecución contra los campistas que parece no tener límite. Ahora lo que se encuentran por cualquier rincón es un cartel con la clara advertencia de que está “prohibido acampar”. Estoy de acuerdo con que no se puede acampar en cualquier lado, y que no se puede convertir en derecho aquello que es simple costumbre, pero creo que los amantes de la acampada merecen algo de respeto y contar con zonas preparadas para esta actividad, por lo que apuesto por la regularización de lugares donde poder hacerlo. Un control que se haga por parte de los ayuntamientos, con parcelas, tiempo límite de estancia y la responsabilidad de dejar todo como estaba a aquellos que quieran recibir el permiso.
Los ayuntamientos se basan ahora en que son los propietarios de esos terrenos, y son los que no dejan que se acampe, con la excusa perfecta además para endiñar todo tipo de sanciones.
Creo que realmente los diferentes ayuntamientos no se quieren mojar con este problema, ni siquiera intentan buscar una solución por dos razones: por un lado, los campistas no dejan una riqueza importante en los lugares donde acampan, y la que es más importante, los campistas son personas de otros municipios o regiones, por lo que no van a dejar un solo voto en ese municipio. Al contrario, podrían quitar alguno por algún vecino molesto.
Si esto no cambia, los campistas de la Isla van a tener dos opciones: o vender sus caravanas, casetas y demás, o marcharse al exilio.