Yoné Caraballo denuncia la “hipocresía” del Gobierno de Canarias al rechazar su iniciativa para reformar la contratación precaria en el SCS
El diputado de Lanzarote y La Graciosa de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Yoné Caraballo, denunció este miércoles la “hipocresía” del Gobierno presidido por Fernando Clavijo tras rechazar, en el pleno con los votos en contra de los grupos de CC, el PP, la ASG y la AHI; su proposición no de ley para reformar la contratación precaria en el Servicio Canario de la Salud (SCS). Caraballo recriminó al bloque de la derecha canaria su voto en contra y defendió que, pese al resultado, la propuesta “ha cumplido su objetivo” al haber forzado al Ejecutivo a iniciar cambios en la norma vigente desde 2011.
El portavoz en políticas sanitarias del grupo nacionalista progresista lamentó, según afirman en nota de prensa los canaristas, que la mayoría gubernamental rechazara una iniciativa de calificó como fundamental para “dignificar” las condiciones laborales del personal sanitario eventual. No obstante, se mostró contundente al asegurar que el objetivo de la proposición no de ley “ya se ha conseguido” al forzar al gabinete de Clavijo a comprometerse públicamente a modificar la legislación.
Llamó la atención sobre el desconocimiento general de las condiciones del personal sustituto del Servicio Canario de la Salud /SCS), regido por una orden que tildó de “totalmente obsoleta”. Caraballo mantuvo que, “nos llenamos la boca hablando de lo importantes que son los profesionales sanitarios, pero hay que demostrarlo con hechos”.
Caraballo dijo que el actual sistema de llamamientos telefónicos para contratar a los trabajadores, que obliga a los mismos a estar permanentemente disponibles bajo la amenaza de penalizaciones de hasta 15 días sin empleo ni sueldo de no responder a la llamada. Un profesional, como ejemplificó, puede estar atendiendo una parada cardiorrespiratoria o un paciente crítico “y no poder coger el teléfono. Eso provoca ansiedad, estrés y precariedad, y afecta directamente a la calidad asistencial”, explicó.
Describió la situación con otros ejemplos del día a día del personal eventual, que llega a encadenar contratos de muy corta duración, “hasta 77 contratos” en tres años, y que vive pendiente del teléfono móvil, incluso tras las jornadas extenuantes. “No pueden descansar, no pueden conciliar y no pueden planificar su vida”, denunció. Con este sistema, el diputado de NC-BC aseguró que es imposible retener talento.
Criticó la contradicción de quienes defienden el sentimiento canario mientras permiten condiciones laborales que empujan a los profesionales a emigrar. “¿Cómo vamos a pedir que se queden si les ofrecemos contratos de un día o dos y además los castigamos?”, cuestionó Caraballo.
A pesar del rechazo de la mayoría parlamentaria de Coalición Canaria (CC), el Partido Popular (PP), la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHÍ); el parlamentario canarista subrayó que la presión social y política ya ha tenido efectos. Recordó que, tras el registro de la proposición no de ley y su anuncio público el pasado mes de marzo, el Gobierno inició los primeros movimientos para eliminar las penalizaciones y abrir un proceso de negociación. “Aunque hoy voten en contra, lo van a hacer. Esto ya está en marcha”, aseguró.
Agradeció el trabajo de la Asociación Canaria de Enfermería Unida por el Cambio y del conjunto de profesionales sanitarios, a quienes atribuyó el impulso real de esta reivindicación. “Si no es por ustedes, por su lucha en la calle y en las redes (sociales), esto no habría llegado aquí”, señaló.
Yoné Caraballo lanzó un mensaje de ánimo al colectivo presente en la Cámara. “No se vayan decepcionados por el resultado de hoy. Esto va a salir adelante. Y si no, vamos a seguir siendo como un martillo pilón en el Parlamento y en la calle hasta que sea una realidad”, defendió.
La iniciativa defendida por NC-BC planteaba, entre otras medidas, la eliminación de penalizaciones, la creación de un sistema transparente de llamamientos, el reconocimiento del derecho a la desconexión digital y la mejora de la conciliación laboral y familiar, en línea con las demandas históricas del sector.