UGT considera inaceptable el anuncio del Gobierno, en el pasado Consejo de Ministros, de la modificación de la Ley de extranjería para eliminar el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación administrativa irregular. El sindicato denuncia en un comunicado remitido a este diario que para esta medida se han utilizado, voluntariamente, datos que inducen al equívoco con el fin de argumentar que los inmigrantes hacen uso abusivo de la sanidad, y considera que su aprobación implica un retroceso que afectará a la protección de la salud de este colectivo y que supondrá un incumplimiento del mandato constitucional de que los poderes públicos han de garantizar y tutelar la salud pública del conjunto de la población.
"El Gobierno pretende acabar con un derecho básico y fundamental para cualquier persona, entre ellos los extranjeros en situación administrativa irregular. Un avance que junto al derecho a la educación fue reconocido en la anterior etapa de gobierno del Partido Popular es ahora puesto en cuestión, manipulando los datos de residentes extranjeros en España", aduce el sindicato en su escrito.
Para UGT, el Gobierno en su argumentación mezcla las cifras correspondientes a residentes nacionales
de estados miembros de la Unión Europea con la de nacionales de países no comunitarios, señalando que en España están empadronados según los últimos datos del Instituto nacional de Estadística 5.711.040 extranjeros. "Pero sin aclarar que de estos, 2.440.852 son
nacionales de países de estados miembros de la Unión Europea, protegidos por tanto el
principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de nacionalidad, también en el
ámbito sanitario", argumentan.
La organización sindical recuerda que la normativa de la Unión Europea prevé que los gastos sanitarios de un asegurado en un
estado miembro que se produzcan en otro estado miembro, se compensen entre los países. "Por lo tanto, en ningún caso podemos hablar de turismo sanitario de nacionales de estados
miembros de la Unión Europea", sostiene UGT.
Respecto a los gastos generados en España por ciudadanos
comunitarios, si estos se han producido sin que después fueran reembolsados por el país de aseguramiento, "es responsabilidad de las Autoridades Españoles no haber utilizado correctamente los mecanismos de reclamación y compensación previstos en la normativa europea. Si este fuera el único contenido del anuncio del Ministerio, sería una buena noticia que permitiría una mayor transparencia y coordinación entre los sistemas sanitarios europeos", señalan. "Pero el Ministerio utiliza esta realidad para atacar directamente a un derecho básico y fundamental para los extranjeros no comunitarios en situación administrativa irregular, cuyo número, ni se acerca a las cifras de residentes comunitarios e incurriendo además en errores en cuanto a la forma en que estos perciben la asistencia sanitaria".
Según el sindicato, en el año 2000 se incluyó a los extranjeros en situación administrativa irregular en la
asistencia sanitaria a personas sin recursos (RD 1088/1989) que tenía como finalidad dar cobertura
sanitaria a quienes no tenían derecho a la misma por estar fuera del sistema de seguridad social. En el caso de los extranjeros, el requisito de la nacionalidad española, se sustituyó por el empadronamiento para permitir su acceso al sistema sanitario. Pero tal como señalábamos, esta posibilidad es únicamente para las personas sin recursos económicos. Y quien solicita este tipo de asistencia sanitaria únicamente puede incluir en su tarjeta a los descendientes menores de 18 años y mayores con discapacidad. Por lo tanto un extranjero no comunitario que reúna los requisitos necesarios para acceder a este tipo de tarjeta sanitaria,
no puede incluir en ella ni a su cónyuge, ni a sus ascendientes ni a ningún otro familiar, "contrariamente a la impresión que pretendió darse en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros".
Para el sindicato, la propuesta del Ministerio de Sanidad choca, por otra parte, con una norma fundamental la Ley Orgánica
de Protección Jurídica del Menor (LO 1/1996) y que se deriva de instrumentos internacionales ratificados por España (Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas), puesto que la intención del
Ministerio al parecer es eliminar toda atención, con independencia de la edad contraviniendo por tanto la obligación que esta norma impone a los poderes públicos de garantizar a los menores todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.
Menores por otra parte, según UGT, que difícilmente van a tener la residencia fiscal en España, que parece ser el criterio que el Ministerio considera necesario exigir para percibir la prestación de asistencia sanitaria. En este sentido, "no podemos por menos que recordar que un extranjero en situación administrativa irregular, obviamente no tributa por IRPF (como no lo hacen muchos españoles que acceden a la asistencia sanitaria a través de este sistema para personas sin recursos) pero si por el resto de impuestos como se encarga de aclarar la Ley de extranjería en su artículo 15, que en este caso no distingue entre extranjeros en situación regular o irregular.
Por otra parte, hay que recordar que antes de 2000, cuando no se reconocía este derecho a los extranjeros en situación administrativa irregular, la asistencia sanitaria se prestaba a través de Organizaciones No Gubernamentales subvencionadas a tal fin. Posibilidad que ahora, con la significativa reducción del presupuesto destinado a la inmigración, será inviable.
UGT concluye su escrito señalando que el Partido Popular pretende "condenar, sin razón alguna y con argumentos absolutamente demagógicos y alejados de la realidad, a un colectivo de personas que viven en España a no poder acceder a la asistencia
sanitaria". La atención de urgencias, que ahora mismo es la única vía de atención para quienes no pueden empadronarse (por carecer de pasaporte, por ejemplo), "no garantiza una protección adecuada de la salud, y por otra parte, la atención sanitaria normalizada es uno de los elementos que permiten detectar y prevenir, tanto en el caso de españoles como de extranjeros, situaciones tan graves como la violencia de género y la violencia doméstica. UGT rechaza cualquier retroceso en materia de derechos, mas aun en uno tan básico y fundamental como este que pretende condenar a la invisibilidad a los extranjeros en situación administrativa irregular", concluyen.
