La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha acusado al Gobierno central y canario de seguir "sin cumplir la decisión" de realización del test serológico de anticuerpos a los trabajadores de los penales de El Salto del Negro, en Gran Canaria, y de Tahíche, en Lanzarote, informa Cope Canarias.
Al respecto, apuntan que el 3 de mayo la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas les confirmó la realización de los test epidemiológicos del SARS-CoV-2 en los dos centros de la provincia de Las Palmas, lo que motivó que la mayoría de la plantilla de los dos centros solicitasen someterse a estas pruebas diagnósticas, lo que supone señalan más del 80 por ciento en el caso de la cárcel de Gran Canaria,
Sin embargo, ACAIP criticó que actualmente "nada se sabe de su realización". Por ello, apuntan que ante la "incertidumbre generada por la pasividad" del Gobierno central y autonómico "no son pocos los trabajadores de prisiones que han decidido costearse de su bolsillo la realización del test probatorio", afirmando que cada prueba y la consulta previa tienen un coste total de 145 euros, según informó el sindicato.
Añaden que se había solicitado al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y al delegado del Ejecutivo en Canarias, Anselmo Pestana, la realización de las pruebas rápidas que se hacen mediante un muestra de sangre, si bien protestan que las autoridades "desoyen de este modo la consideración de servicio público esencial y sector preferente para la materialización de las pruebas diagnósticas otorgada por el Ministerio de Sanidad".
El sindicato incide en que la realización de los test del Covid-19 contribuiría a una "más segura vuelta a la normalidad en la que están inmersas las cárceles canarias" después de que el 18 de mayo se reanudara al locutorio las visitas de amigos y familiares, en un número no superior a dos comunicantes por interno.
A ello, se suma que se han reiniciado los permisos penitenciarios de los internos que no pudieron disfrutar de estas salidas debido a las restricciones de movilidad surgidas a raíz del estado de alarma. Añaden que la progresiva reincorporación de los diferentes voluntarios y trabajadores a las actividades de rehabilitación y programas de tratamiento durante el final de la fase 3"marcará la vuelta a la normalidad plena en los centros penitenciarios del archipiélago".
Por ello, indican que antes de recuperar la actividad plena penitenciaria se debe conocer la situación sanitaria de las personas vinculadas con el centro para que la "restauración de la normalidad se efectúe de la forma más segura para trabajadores y personas privadas de libertad".
