El Partido Popular (PP) de Fuerteventura ha rechazado públicamente el decreto publicado el pasado 15 de julio por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, que aprueba el Plan de Recuperación de la lapa majorera que fija prohibiciones que "nada tienen que ver con la recuperación de la lapa y que no ha sido consultado con el sector pesquero majorero", segùn asegura este martes la portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo.
Se trata de un decreto que prohíbe, según critica el PP en nota de prensa enviada a este medio, entre otras actuaciones, la pesca tradicional con anzuelo desde las rocas o el trasiego humano por las rocas, "aficiones y costumbres que no son constitutivos de ninguna amenaza por sí mismas para la lapa majorera".
Por ello, los populares anuncian que recurrirán el decreto cuyas medidas entraron en vigor el pasado 16 de julio después de que, el pasado año, el Gobierno de Canarias decidiera abrir la veda de forma parcial tanto para los profesionales como para la pesca recreativa deportiva. "Estamos de acuerdo en la necesidad de tomar medidas reales y efectivas para la conservación y recuperación esta especie autóctona en peligro de extinción", explican desde el PP. "En el pasado, ya apoyamos el establecimiento de una veda de marisqueo de la lapa por entender que era totalmente necesario”, agregan.
“Ahora bien, el contenido de este decreto establece una serie de prohibiciones que entendemos que nada tienen que ver con la recuperación de esta especie", opinan los populares.
Así, en el decreto se delimitan una serie de zonas críticas y otras denominadas "áreas de dispersión" que abarcan amplias y múltiples extensiones de la costa majorera y "prácticamente todo el Islote de Lobos donde además de "prohibir el marisqueo se prohíbe la pesca con anzuelo desde la costa o el simple paseo por las rocas".
“Pedimos a todos los grupos políticos que se sumen al rechazo a este decreto y al recurso que va a presentar el Partido Popular de Fuerteventura para tumbar esta decisión injusta del Gobierno de Canarias con nuestra isla y con nuestro sector pesquero y de recreo", exponen en el PP.
El propio Gobierno de Canarias reconoce, apuntan, que es el furtivismo lo que esquilma la costa majorera por lo que "entendemos que las medidas propuestas son desproporcionadas y perjudican al sector pesquero de Fuerteventura".
Un decreto aprobado por el anterior gobierno, "por el presidente en Funciones, Paulino Rivero y el consejero saliente, sin la consulta a los colectivos afectados ni a las formaciones políticas con representación en la isla de Fuerteventura, haciendo gala hasta el final de esa vieja forma de hacer política del ordeno y mando que debemos desterrar", postulan desde el PP.
