El Senado apoya la iniciativa de Pedro San Ginés en defensa de la pesca canaria frente al reglamento europeo
El senador de Coalición Canaria (CC), Pedro San Ginés, ha obtenido el respaldo del Pleno del Senado a su moción en defensa de la pesca canaria frente al reglamento europeo de control pesquero. La iniciativa aprobada insta, según afirma el nacionalista en nota de prensa, al Gobierno de España a aplicar la regla de forma “flexible y proporcionada! y a defender ese mismo enfoque ante la Unión Europea, con el fin de garantizar la viabilidad, la seguridad y la continuidad de la pesca artesanal y de bajura, “amenazada de muerte” con la actual aplicación de la regla.
A la propuesta original de San Ginés se han incorporado una serie de enmiendas de otros grupos parlamentarios que han apoyado la iniciativa, como los canarios Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHÍ). También se han tenido en cuenta las de BNG o Junts, que amplían el alcance de la iniciativa para que la petición al Ejecutivo estatal tenga en cuenta las realidades de la pesca artesanal gallega y de la flota mediterránea catalana, entre otras aportaciones. Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a la iniciativa, con la excepción del Partido Socialista (PSOE), que se ha abstenido.
La moción, según ha expuesto San Ginés, es una respuesta a la preocupación existente en el sector pesquero de las islas pese a los acuerdos alcanzados por representantes con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así, el senador ha señalado que las propias cofradías canarias le han “compelido a insistir” por una mayor flexibilidad en la aplicación de la norma “porque no se fían y porque la experiencia les ha demostrado que en la práctica estos acuerdos finalmente no se aplican y no dejan de ser más que papel mojado”. El parlamentario nacionalista ha reclamado así una adaptación real a las condiciones específicas canarias y “un diálogo permanente” que evite efectos indeseados en un sector especialmente vulnerable.
Durante el debate, el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias ha asegurado que comparte la trazabilidad “legítima y necesaria” que plantea el Reglamento (UE) 2023/2842, así como los objetivos de control de capturas y de lucha contra la pesca ilegal, pero ha calificado también como “necesario” que no se aplique “de manera tan restrictiva”. Como ha indicado, la actual interpretación de la regla genera serias dificultades para la pesca artesanal y de bajura de Canarias, al imponerle obligaciones pensadas para las flotas industriales y no para embarcaciones de carácter tradicional.
La moción de San Ginés pone de relieve que en las regiones ultraperiféricas como Canarias, el impacto de las exigencias europeas se ve agravado por factores como la fragmentación territorial, la lejanía del continente, las condiciones oceanográficas singulares y la estructura tradicional de su flota. De hecho, en el texto de su iniciativa advierte que la aplicación estricta del reglamento contradice las propias las propias cláusulas de flexibilidad, adaptación y proporcionalidad previstas en el Reglamento (UE) 2023/2842 e ignora el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Todo esto lleva, como ha recordado en su intervención San Ginés, a que se incrementen los costes, se complique la operativa diaria y se ponga en riesgo la viabilidad económica de muchas embarcaciones, así como el relevo generacional en el sector. “Y si no hay relevo generacional, la desaparición de la pesca artesanal está servida”, ha avisado.
La moción aprobada, además de exigir al Gobierno central que aplique y defienda una aplicación del reglamento adaptada a las singularidades de las RUP, solicita que las medidas de control y localización se ajusten a la realidad técnica y económica de la pesca de bajura; que se apliquen de forma efectiva las cláusulas de flexibilidad previstas en la norma mediante regímenes específicos y calendarios graduales; que se refuerce el diálogo con el sector pesquero; y que se garantice apoyo técnico y financiero suficiente para cumplir las nuevas obligaciones sin poner en riesgo la viabilidad de la actividad.