Ruano dice que la retención hasta los 18 meses sería una limitación a la libertad individual “absolutamente desproporcionada”
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, afirmó este lunes que la propuesta incluida en la Directiva de Retorno de la Unión Europea (UE) de que los estados miembros puedan retener hasta un plazo de 18 meses a los inmigrantes supondría una limitación a la libertad de un individuo “absolutamente desproporcionada”.
José Miguel Ruano defendió la necesidad de una política común para luchar contra la inmigración clandestina, pero dijo que las perspectivas de la directiva europea no son buenas. Ruano se manifestó así durante la inauguración de las Jornadas ‘Los problemas de los menores migrantes en un mundo globalizado” que se desarrollarán hasta el jueves en la capital tinerfeña.
Establecer un plazo máximo de retención de un máximo de 18 meses es “desproporcionado” y produciría un castigo respecto a un delito no cometido, dijo Ruano, quien recordó que traspasar las fronteras o permanecer en un estado de forma ilegal es una infracción administrativa, no un delito.
Apostó por hacer compatible la regulación de políticas para facilitar la inmigración que Europa necesita y articular una respuesta a la inmigración clandestina. No obstante, recalcó que las actuaciones deben ser “proporcionadas, porque de lo contrario perderemos la legitimidad que tiene Europa hoy como espacio de libertades y donde la democracia y valores de libertad individual se han desarrollado desde hace más de dos siglos”.
Dijo que el internamiento de los inmigrantes se produce para lograr identificar y repatriar a las personas que entran en un estado de forma ilegal, y abogó por fijar un número proporcional de días para realizar dichos trámites. Así, entendió que el plazo de 40 días establecido en España es corto, y recordó que el Gobierno canario apuesta por ampliarlo hasta los 70 días.
Respecto a la regulación de los menores contemplada en el proyecto de directiva, Ruano dijo que la parte positiva es que garantiza la escolarización del menor, mientras que la negativa se centra en la posibilidad de que los menores queden retenidos en los centros generales.