Rojas: "el tijeretazo del Estado en materia de dependencia supone un grave peligro para la supervivencia de la propia ley"
"El tijeretazo del Estado en materia de dependencia supondrá un grave peligro para la supervivencia de la ley". Así de contundente se ha expresado la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, ante el anuncio en rueda de prensa de los presupuestos generales del Estado.
"Yo ya lo había anunciado desde la misma puesta en marcha de la ley, que no contaba con seguridad jurídica, ni con ficha financiera y cinco años después, desgraciadamente la realidad nos tiene que dar la razón" -afirmó la consejera- "nosotros en Canarias hemos tenido que desmantelar nuestro sistema, que era un buen sistema, en el marco de lo sociosanitario, para adaptarnos a una ley que invadió nuestras competencias y ahora el Estado con la supresión de la partida presupuestaria del nivel acordado nos deja a cero para pagar el mantenimiento del Sistema que el propio Estado creó, esto es gravísimo".
"Entendemos que si el Estado toca la financiación de la ley de dependencia haciendo desaparecer el nivel acordado, también deberá modificar la ley en consecuencia", aseguró Rojas.
El Gobierno convocará a los Cabildos Insulares, una vez conocido con detalle el presupuesto, para analizar cual es la realidad con la que "tendremos que trabajar".
El nivel acordado supone para Canarias alrededor de ocho millones de euros con el que se sustentaba la puesta en marcha y el mantenimiento del Sistema como son los equipos de valoración, el mantenimiento de algunas infraestructuras o los aplicativos informáticos "ahora seremos las Comunidades Autónomas las que tengamos que sustentar todo el Sistema además del coste real de las prestaciones" ,declaró Rojas.
Cabe señalar que la ley obliga al Estado a financiar el 50 % del coste de la ley, sin embargo en la práctica tan solo lo hace en un 30 % "y después de este recorte su aportación será todavía inferior" apuntó la consejera. En este sentido, el Gobierno del Estado financia el coste estimado no el coste real de los servicio, como ejemplo señalar que una persona gran dependiente grado 3 nivel II, el mayor grado de dependencia, el Estado ingresa a la Comunidad Autónoma por el nivel mínimo de protección la cantidad de 266,57 euros, cuando una plaza para un gran dependiente cuesta alrededor de 2.500 euros.
Además, hay que señalar que Canarias recibió del Estado en 2011 tan sólo 22 millones de euros, cuando el presupuesto para Dependencia en Canarias ascendió a 97 millones de euros.
Para Rojas "estamos ante un momento crítico ya que la ley desmontó nuestro Sistema Público que en la actualidad atiende a 42.000 personas, para otorgar un derecho de ciudadanía, derecho que no está garantizado con estos presupuestos".