El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha logrado este viernes el apoyo prácticamente unánime del Parlamento de Canarias a la comunicación que detalla las propuestas que definirán la estrategia del ejecutivo para defender los fondos específicos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) dentro del nuevo Marco Financiero Europeo 2027-2034.
Para Clavijo, según resume su Grupo Parlamentario en nota de prensa, “las prioridades de la Unión Europea, dada la situación global actual, no pueden poner en riesgo el estatus RUP, al cambiar el sistema de gestión de los fondos y trasladar la gestión de estos fondos exclusivamente a los Estados”.
Como ya ha dicho en otras ocasiones, “esto supondría una pérdida de garantías y un grave retroceso en el principio de igualdad y cohesión que fundamenta la Unión Europea, que en estos momentos está en riesgo, porque a mi juicio se ha centrado más en los acuerdos comerciales que en los criterios y principios que deben inspirar su actuación”.
“En tiempos complicados como los actuales, la Europa de las regiones tiene mayor sentido que nunca y este marco financiero la pone en riesgo”, advirtió el presidente, que hizo alusión a la importancia de defender “nuestras singularidades, que fueron con las que entramos a la UE”.
La comunicación presentada por el Gobierno, y que solo obtuvo el voto en contra de VOX a dos de sus puntos, “responde al compromiso de que nunca nos encontrarán sin la tarea hecha y de defender uno de los principales mecanismos que sustentan el sector primario en las islas, el POSEI”.
En esa línea, las acciones previstas incluyen duplicar la dotación del POSEI hasta 3.752 millones de euros para compensar el incremento de costes desde 2013, aumentar la partida pesquera de 88 a 101 millones de euros y elevar la financiación per cápita del FEDER y del Fondo Social Europeo, lo que supondría al menos 773 millones de euros adicionales.
También se solicita mantener expresamente, en la normativa europea, las adaptaciones en cofinanciación, elegibilidad de inversiones y financiación de servicios públicos esenciales y se reclama que el nuevo marco financiero incorpore mecanismos de flexibilidad para compensar sobrecostes estructurales, mejore las disposiciones específicas para las RUP en el reglamento de los planes de colaboración nacional y regional, y refuerce la atención a la realidad migratoria de Canarias como frontera sur de Europa, así como la dimensión ultraperiférica de la acción exterior y de los programas de cooperación territorial.
El documento, reforzado por la propuesta de resolución de la cámara, contempla, además, que en esas modificaciones haya previsiones específicas para las RUP que impliquen las adaptaciones normativas y los complementos financieros que fueran necesarios para su ejecución directa por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ahondado en el protagonismo que tienen los Estados, Fernando Clavijo recordó que es necesario un frente común entre Francia, España y Portugal en el seno del Consejo de Europa, que se reunirá previsiblemente en marzo, “para poder vetar el desarrollo de este marco presupuestario”. Asimismo, trasladó que estos tres países están alineados con esta posición común y que el presidente del Gobierno de España ha trasladado su apoyo.
“Es una decisión que todos debemos tomar pensando en el futuro de Canarias, no en ninguna sigla, porque cuando este marco esté aprobado corresponderá a otros gobiernos gestionar sus efectos”, evidenció.
Artículo 349
Canarias, al igual que la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín, Azores y Madeira, cuenta con un reconocimiento específico en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que ampara medidas diferenciadas para compensar su lejanía, insularidad y dependencia económica de un número limitado de productos.
El Ejecutivo autonómico ha advertido de que la nueva propuesta presupuestaria europea diluye las partidas específicas para las RUP dentro de la financiación estatal, lo que pone en riesgo un estatus singular valorado en unos 4.000 millones de euros, al afectar al POSEI en el marco de la Política Agraria Común, al régimen de compensación de sobrecostes de la política pesquera común, a las dotaciones adicionales en el FEDER y al Fondo Social Europeo, así como a adaptaciones normativas clave para financiar servicios públicos esenciales, transporte, conectividad y sanidad.
Asimismo, se vería afectado el programa de cooperación Interreg MAC, que comparten Canarias, Madeira y Azores, considerado el principal instrumento de financiación para actuaciones conjuntas con países africanos vecinos.
