La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció este martes que se va a sustituir el actual sistema de sorteo para la adjudicación de viviendas públicas por un nuevo modelo basado en la valoración y la ponderación objetiva de las condiciones socioeconómicas de los solicitantes. "Vamos a acabar con el actual sistema por sorteo para la adjudicación de viviendas de promoción pública", aseguró ante la comisión parlamentaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, donde compareció a petición propia para informar de las líneas de actuación de su departamento.
Según indica en un comunicado de prensa el Gobierno canario, Patricia Hernández señaló que este nuevo sistema "es más justo y es el que nos demandan los agentes sociales involucrados en el área de vivienda".
La vicepresidenta explicó que "tenemos los conocimientos suficientes para valorar y puntuar las necesidades de cada colectivo y las diferentes situaciones sociales" y agregó que será, en cualquier caso, "una medida cuyo diseño será muy participativo" y que ha sido "muy demandada por la ciudadanía y en la cual ya estamos trabajando".
Hernández enmarcó este anuncio dentro de la política de vivienda de su departamento, uno de cuyos ejes será la creación de la Oficina de Defensa del Derecho a la Vivienda, cuyo protocolo se debate con los cabildos y de la que se hará partícipes a los ayuntamientos y a las diferentes entidades sociales.
En relación con las políticas sociales, la vicepresidenta dijo que "uno de los principales objetivos que nos marcamos es cambiar la imagen que se ha proyectado, en los últimos tiempos, de un departamento que funciona como mero gestor burocratizado de prestaciones de asistencia social".
Para ello, "apostamos por una política social diferenciada, que resulte innovadora, que se adelante a las necesidades sociales y que esté en permanente contacto con la población, que sea capaz de planificar, orientar a la ciudadanía y facilitar su participación, que sea transparente y pueda someterse a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas", argumentó.
En este ámbito, Hernández destacó la importancia de dotar de personal a la Consejería, así como de mejorar los recursos de carácter técnico, con el fin de "optimizar los recursos y lograr una gestión más transparente y eficaz".
Asimismo, señaló que ya se está trabajando "para aprobar cuanto antes" la Ley de Servicios Sociales, "que será debatida y acordada con los agentes sociales", y en la futura Ley del Tercer Sector, muy demandada por las entidades sociales.
En materia de empleo, la vicepresidenta incidió en "que el empleo es la mejor de las políticas sociales, por lo que resulta de vital importancia sacar el máximo rendimiento de las políticas activas de empleo, priorizando la participación de las personas con más dificultades, en especial, los desempleados de larga duración, los jóvenes, los mayores de 45 años o las personas con discapacidad, entre otros.
Patricia Hernández aseguró que "se mantendrá en vigor y se promoverá el Plan Extraordinario de Empleo Social, en colaboración con cabildos y ayuntamientos, que es una medida de choque muy importante para prestar una especial atención a las familias con todos sus miembros en paro, ya que constituyen auténticos programas sociales que atienden necesidades urgentes de hogares sin otras posibilidades de ingresos. De ahí su validez porque rescatan a la gente de la exclusión del mercado laboral y, por tanto, evitan la exclusión social".
