La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en materia económica, Esther González, persistió este miércoles en la urgencia de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez autorice también a cabildos y ayuntamientos a usar sus 3.400 millones de euros de superávit y remanentes para afrontar la crisis social y económica del coronavirus. La diputada del grupo nacionalista progresista recordó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras favorable a Canarias cumplen con los dos requisitos exigidos por la reponsable ministerial al Gobierno de Canarias para poder emplear su superávit.
A través de una pregunta al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, la portavoz en la materia de NC dijo que la autorización dada al cuatripartito para emplear sus 389 millones de euros de superávit “sólo es un paso”, que demuestra que “han servido para algo las permanentes reivindicaciones, desde 2016”, de los nacionalistas progresistas para utilizar estos recursos en tiempos de crisis.
Pero con ser una “buena” decisión “no es la solución”, precisó, ya que dicha cantidad se queda muy lejos de los 970 millones, el Ejecutivo canario y los 593 millones de euros que las corporaciones locales perderán de los ingresos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF) hasta el final de este año.
“Vamos a seguir reivindicando”, aseveró, que el gabinete de Sánchez apruebe una medida “similar” para que los ayuntamientos y cabildos puedan tirar de sus 3.400 millones de euros de superávit y remanentes, que permanecen acumulados sin uso en los bancos. Las corporaciones locales canarias “también están afectadas” por la reducción de los ingresos tributarios específicos de Canarias, defendió Esther González.
La diputada del grupo nacionalista progresista preguntó a la ministra Montero por los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Aseguró que “cumplen con los dos requisitos” exigidos por la responsable ministerial. Se refería a que están computados como superávit de la comunidad autónoma con anterioridad al ejercicio económico de 2019 y que no han servido para pagar deuda.
