NC logra que el Parlamento impulse medidas en defensa de los afectados por las cláusulas suelo
Nueva Canarias (NC) asegura que ha logrado este miércoles que la unanimidad del Parlamento apruebe una propuesta para que el Banco de España y los gobiernos estatal y canario desarrollen una serie de medidas para defender a los consumidores de las islas y del resto del Estado ante las afecciones de las cláusulas suelo de las hipotecas.
Según el comunicado de prensa remitido por los nacionalistas tras el pleno del Parlamento canario, el portavoz adjunto parlamentario de NC, Luis Campos, destacó principalmente dos de las medidas “efectivas” incluidas en la proposición no de ley. Se trata del establecimiento de sanciones a las entidades financieras que incumplen la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y, en el ámbito de las responsabilidades del Ejecutivo canario, “recuperar” las inspecciones de oficio de la dirección general de Consumo para la detección y sanción de prácticas abusivas de las citadas entidades financieras que operan en las islas.
En el turno de defensa de la proposición no de ley de NC, Luis Campos anunció la negociación y el acuerdo alcanzado con la ASG, el PSOE y CC para sumar sus propuestas alternativas a la iniciativa de los nacionalistas progresistas con el fin de aprobar un conjunto de medidas “sociales en defensa de los derechos ciudadanos.
La iniciativa sancionada demanda al Banco de España a establecer mecanismos para “supervisar y, en su caso, sancionar” a aquellas entidades que, “incumpliendo de forma sistemática”, la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, como es el caso de La Caixa, y que continúan sin devolver; inmediata y directamente se reintegren, “sin la necesidad” de interponer una demanda, la totalidad de las cantidades indebidamente cobradas a los consumidores por aplicación de las cláusulas suelo, pese al contenido tajante de su sentencia de 21 de Diciembre de 2016
Todos los grupos instan al Gobierno estatal a modificar la legislación de protección de consumidores y usuarios para tipificar, de manera expresa como “incumplimiento muy grave, las prácticas abusivas” en el ámbito financiero, mediante un sistema de sanciones lo suficientemente disuasorio para impedir este tipo de prácticas.
El Parlamento pide que al Gobierno canario que dote al Instituto Canario de la Vivienda y a la dirección general de Consumo de los medios y la coordinación necesaria para poner en marcha dos acciones, conjuntamente, a través de las oficinas de intermediación hipotecarias y con la colaboración de las oficinas municipales de información para el consumo, las federaciones y asociaciones de consumidores y colegios profesionales.
Se trata de una campaña de información activa a los afectados por las cláusulas suelo así como la prestación de asesoría para la presentación, en su caso, de las correspondientes reclamaciones judiciales. Además, el Legislativo solicita a la Administración canaria que “recupere las inspecciones de oficio” para la detección y sanción de prácticas abusivas de las entidades financieras que operan en Canarias.
Los diputados apostaron por incorporar como criterio, a la hora de establecer las posiciones contables de activo con entidades bancarias, que dichas entidades “no incumplan” la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre cláusulas suelo. Así como “eliminar, de forma progresiva”, todas las posiciones contables de activo con las citadas entidades que no proceda a la devolución inmediata de todas las cantidades cobradas ilegalmente a través de las cláusulas suelo, como ocurre con las de la Hipoteca Joven Canaria.
El Parlamento canario solicita a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para que, atendiendo a razones de insularidad, se habiliten juzgados de primera instancia al menos en las islas donde se han registrado mayor número de demandas. Unos juzgados que se tienen que ocupar, “de manera exclusiva pero no excluyente”, de los pleitos relacionados con cláusulas hipotecarias, dotándolos con los medios materiales y humanos necesarios para prestar un servicio público adecuad, de calidad y dar una pronta respuesta a los perjudicados.
La última petición de la proposición no de ley plantea al Ejecutivo estatal la modificación del Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelos, con el objeto de que corrija los aspectos que, tras su entrada en vigor y aplicación, no han solucionado las situaciones de desprotección de los consumidores ante las entidades bancarias, incorporando al texto de la norma la obligación de la devolución de lo indebidamente cobrado, independientemente de la transparencia.