NC-BC exige la rectificación inmediata de Clavijo por mentir en el Parlamento para difamar a Román Rodríguez

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) exigió este jueves una rectificación inmediata del presidente del Gobierno por Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, por mentir en sede parlamentaria para difamar al presidente de su formación, Román Rodríguez. El portavoz y la portavoz adjunta del grupo parlamentario canarista, Luis Campos y Esther González, mostraron la respuesta oficial del Ejecutivo de las dos derechas canarias que desmiente la acusación de Clavijo de haber generado una carga económica de más de 1.000 millones de euros a través de 36 sentencias condenatorias vinculadas con las leyes de 2001 y 2003 de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y las directrices de ordenación general y del turismo de Canarias. Ambos dirigentes canaristas, según explica la organización en una nota de prensa enviada a este diario, añadieron que la documentación oficial remitida por el Gobierno de Canarias afirma que la “única” norma que “sí ha derivado” en indemnizaciones, que rondan la cifra revelada por el jefe del Ejecutivo, es la ley 6/2009, aprobada durante un gobierno de Coalición Canaria y el PP, “no bajo la responsabilidad” de Román Rodríguez.

El presidente del Gobierno de Canarias, el pasado 11 de marzo en el debate de la nacionalidad canaria, como recordaron Campos y González, acusó públicamente a Román Rodríguez al afirmar que “…este gobierno se está enfrentando a 36 sentencias condenatorias de indemnizaciones por más de 1.000 millones de euros. De la época de la moratoria…Sí, sí, sí, la hizo Román Rodríguez, siendo presidente Román Rodríguez…”.

Ante una solicitud de documento por parte de la portavoz adjunta de NC-BC (expediente 11L/SD-2248), la respuesta oficial fechada el pasado 28 de abril, Esther González informó que confirma que las leyes impulsadas bajo el mandato de Román Rodríguez “no han generado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial”. Las “sentencias, en su contra, fueron desestimatorias, es decir, no dieron lugar a indemnización alguna”, explicó la parlamentaria de NC-BC.

La “única” norma, según la documentación oficial del Ejecutivo que esgrimió Esther González, que “sí” ha derivado en indemnizaciones es la ley aprobada en 2009 por un gobierno de CC y el Partido Popular (PP).

El portavoz parlamentario de NC-BC censuró a Clavijo por utilizar la tribuna del Parlamento para “desacreditar falsamente” a un adversario político, “culpándole de daños económicos que no están respaldados ni por los hechos ni por los documentos oficiales”. La portavoz adjunta añadió que el también secretario general de CC incurrió en una “manipulación grave de la verdad”, en un intento de “engañar” al Parlamento y a la ciudadanía, “afectando la transparencia” institucional.

Como las acusaciones son “falsas y oficialmente han sido desmentidas”, NC-BC exige a Clavijo una rectificación “inmediata” de sus declaraciones en sede parlamentaria y pida disculpas también a la ciudadanía por usar el Parlamento para propagar una “mentira con una evidente intencionalidad” política.

La gravedad de estas declaraciones, en opinión de NC-BC, “no puede minimizarse”. Se ha utilizado la máxima institución de representación democrática de las canarias y los canarios para “intentar desacreditar injustamente a un contrincante político, atentando contra la ética institucional y la transparencia que exige el cargo que ocupa”, denunciaron Esther González y Luis Campos.

El presidente de NC-BC afirmó que, con las leyes de 2001 (desclasificación de 390.000 camas turísticas en Veneguera) y 2003 se demostró que Canarias tiene competencias “suficientes para limitar” el desaforado crecimiento demográfico y “frenar al desarrollismo descontrolado”. Si hoy el Gobierno de Clavijo, que también tiene como socio al PP, “no actúa en ese sentido, para Román Rodríguez es “simplemente porque no quiere”.

Las dos derechas canarias, añadió, prefieren desviar la atención y culpar a las autoridades españolas y europeas por los efectos del crecimiento poblacional y la presión territorial, cuando la realidad es que Canarias dispone de herramientas “propias para ordenar” su territorio. “Lo más importante, se puede hacer bien y sin que cueste un solo euro a las arcas públicas, como ya logró el gobierno que presidí” entre 1999 y 2003.