Montelongo: "Siete meses después, 53.000 familias canarias siguen esperando por la regulación del alquiler vacacional"

La diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Águeda Montelongo, ha vuelto a pedir este viernes al Gobierno de Canarias que "de una respuesta definitiva a las 53.000 canarios que esperan por la regulación del alquiler vacacional en las islas tras meses de espera y promesas incumplidas".

"El Ejecutivo Canario no ha hecho nada por legislar con urgencia sobre un asunto que viene a dotar de seguridad jurídica a una actividad empresarial que, sin lugar a dudas, puede contribuir a generar economía y puestos de trabajo", explica Montelongo en la nota de prensa remita a Crónicas desde las filas del PP.

El consejero del ramo, recuerdan los populares, se comprometió a que a finales de noviembre se aprobaría una propuesta para regular el alquiler vacacional. "El Gobierno de Canarias ha tenido casi siete meses para regular una situación que se ha convertido en una auténtica demanda social. Nos pide fe en un Gobierno que incumple todas sus promesas, plazos y proyectos", critica Montelongo.

Según los datos que baraja la plataforma que pide la regulación de este sector en el Archipiélago, ASOCAV, este segmento turístico generó en Canarias beneficios superiores a los mil millones de euros.

Según Frontur dependiente del Instituto de Turismo de España, se estima que el 10,8% de los turistas que vienen a Canarias se alojan en Viviendas Vacacionales, lo que se traduce en cerca de 1.300.000 euros y cerca de 200.000 puestos de trabajo. "Beneficios que se quedarían íntegramente en Canarias porque van destinados al pago de la estancia y a otros servicios a los que no tienen acceso en otro tipo de paquetes turísticos como restaurantes, lavanderías, coches, supermercados o el propio sector del taxi", esgrime la también parlamentario regional majorera.

En el año 2013, recuerda el PP en su escrito, el Ministerio de Fomento modificó la Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, de 4 de junio de 2013, que cambia sustancialmente la Ley de Arrendamientos Urbanos y que deja en manos de las Comunidades Autónomas regular el alquiler de viviendas vacacionales.

"Depende ahora del Ejecutivo Canario decidir si se regula esta actividad que puede beneficiar al sector turístico y a la propia administración local. Tardan mucho en regular una actividad que genera ingresos, empleo y servicios en Canarias", subraya la diputada del PP.

Este tipo de alojamiento turístico no es ilegal, según destacan los populares. "Los cambios normativos las han dejado en un limbo jurídico y necesitan de un marco regulatorio al que acogerse. Canarias debe definir qué es un alquiler vacacional, qué tributos paga y en qué condiciones se oferta al turista que lo demanda para ganar en calidad. Están tardando mucho", asegura Montelongo.