El juez titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier García García-Sotoca, ha citado a declarar en calidad de testigo el próximo 2 de noviembre al presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, para hablar sobre el conocido Caso Mascarillas, un farragoso asunto que está investigando la Fiscalía Anticorrupción y que busca hallar a los responsables de la pérdida de 4 millones de euros en la adquisión de material que jamás llegó a estar en poder de la Comunidad Autónoma y de la Consejería de Sanidad durante la pandemia del coronavirus.
Así lo ha confirmado este miércoles el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tras quejarse, en nombre del Alto Tribunal, de que se hubiera producido una filtración sobre esta noticia que debería haber quedado reservada para las partes afectadas. Queja que no va a ninguna parte puesto que forma parte del pan nuestro de cada día de los juzgados canarios en particular y de los nacionales en general, donde se filtra prácticamente casi todo lo que sucede dentro a unos u otros medios.
La declaración se va a producir después de que lo hayan hecho los tres investigados y los testigos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción en la causa que trata de averiguar, como sostiene Anticorrupción, que se han podido producir delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Los dos primeros delitos son atribuidos al empresario Rayco González, dueño de la sociedad RR7, que se dedica a la compraventa de automóviles pero que sin embargo participó sorprendentemente en la puja por ser proveedor de mascarillas de la Comunidad y de la Consejería de Sanidad que ahora dirige el también socialista Blas Trujillo, y los otros dos a Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud (SCS), y Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos en Sanidad en el momento de la compra y que dimitió de su cargo.
El TSJC explica en su comunicación a los medios de este miércoles que "dada la incontestable relevancia pública de la persona afectada por la noticia filtrada, el Juzgado confirma que se ha comunicado al presidente del Gobierno de Canarias su citación en calidad de testigo en el procedimiento que se sigue a instancias del Ministerio Fiscal, y que de acuerdo con lo que establece la ley en estos supuestos se le ha dado la opción de contestar por escrito a las preguntas que las partes estimen conveniente hacerle". "En el caso de que considere conveniente desplazarse a la sede judicial, se le ha citado para el próximo 2 de noviembre", aclara el Alto Tribunal.
