Un laudo pone fin al conflicto de las ambulancias
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social designado como árbitro para imponer un laudo que pusiese fin al conflicto de ambulancias, José Manuel Subirats, culminó este jueves su trabajo al entregar a las partes un documento en el que expone las cuestiones de obligado cumplimiento para empresas y trabajadores, y en las que incluyen un aumento de los salarios de los trabajadores basado en la equiparación de los sueldos canarios a la media nacional del sector. El laudo, distribuido por CCOO, impone una tabla salarial con aumentos en este año de cerca de un 20 por ciento y que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de agosto del presente año y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2009. Además, crea una comisión paritaria que, en sede del Tribunal Laboral Canario, se irá reuniendo con representantes de ambas partes para estudiar todos los aspectos que el laudo haya podido descuidar.
Laudo "justo"
Subirats afirma en su laudo que “es de justicia que se fije como criterio de equidad la igualdad retributiva de este colectivo con la media de trabajadores del resto de España y como determinación cuantitativa del mismo el informe independiente de Garrigues Asociados”, un informe que recuerda no han cuestionado ni trabajadores ni empresa y que el principal pagador vinculado, el Gobierno de Canarias, aceptó que se realizara. El coste económico del acuerdo, recuerda, es “muy alto” para la administración, pero da por hecho que la administración “ha aceptado como justas las reivindicaciones de los trabajadores”. En el documento de Subirats, se imponen tres tablas salariales, una para lo que queda de 2007, otra para 2008 y una tercera para 2009. En la del presente año, y cuyos sueldos deberán aplicarse con efectos retroactivos a 1 de agosto, se establece un salario base para los conductores de 921,79 euros mensuales más un plus ambulanciero de 123,21 euros, lo que les dejará cobrando 1.045 euros mensuales. En 2008, los conductores percibirán 1.106 euros, y en 2009 percibirán 1.200 euros mensuales.
Los camilleros
En el caso de los camilleros, en lo que queda de 2007 percibirán 774,77 euros de salario base y un plus ambulanciero de 95,10 euros, lo que les supondrá un salario mensual de 839,87 euros. En 2008 su salario será de 884.09 euros y en 2009 será de 939 euros.
En el laudo, el árbitro impuesto por el Consejo de Gobierno recuerda que durante la huelga “se han producido incumplimientos reiterados de los servicios mínimos, actos de sabotaje, amenazas, sanciones y despidos a los trabajadores”, y que el alargamiento del conflicto acabó provocando la imposición de este arbitraje. El árbitro se reunió después de la decisión del Gobierno con GSC (Gestión Sanitaria de Canarias), con el comité de huelga (Intersindical, USO y CCOO) y las patronales del sector, ACEA y ARTEA. En el documento, de 13 páginas, el árbitro llega a citar incluso a Martin Luther King, al decir que “la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve” y a Simón Bolívar: “Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido”. Al entender del árbitro, “los daños han sido cuantiosos tanto en lo material como en lo humano y desgraciadamente en muchos casos además se ha extendido a personas inocentes y ajenas al conflicto como son los enfermos, que necesitaban por su estado la máxima atención y cuidado y se han visto envueltos en él, sin que pueda evaluarse el daño que a muchos se les haya podido causar”. Ante este laudo, el árbitro pide a las partes que “cesen todas las acciones que puedan hacer que el conflicto continúe”, y a los empresarios les pide que “valoren y revisen las sanciones” que durante el conflicto se han impuesto a los huelguistas “por el bien no sólo de la objetividad y la justicia sino de los enfermos, que en estos momentos necesitan de atención y cuidados que no pueden afrontar en situaciones de tensión y enfrentamiento”. El árbitro recuerda incluso que el de las ambulancias es un servicio “que tarde o temprano todos vamos a necesitar, y no nos gustaría que nos lo prestasen en esas circunstancias”. A las autoridades, por último, Subirats les pide que “en la medida de lo legalmente posible revisen las posibles sanciones a las empresas por el incumplimiento de los servicios a los que están obligadas contractualmente y no fue posible atender por las circunstancias de la huelga”.