miércoles 26/1/22

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decretado este pasado miércoles la ejecución de la sentencia por la que en septiembre de 2019 quedó condenado el juez Salvador Alba Mesa a 6 años y medio de prisión y a 18 años de inhabilitación, entre otras penas, por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en la Comunidad autónoma de Canarias.

La decisión, tal y como explica el TSJC, llega después de que el pasado 25 de noviembre el Tribunal Supremo (TS) ratificara esa sentencia en todos sus extremos.

Alba, que reside en el municipio de Telde, fue ponente del Caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de esa localidad grancanaria que causó gran impacto social.

Como primera medida para ejecutar esta condena, la Sala de lo Civil y Penal ha decidido requerir al condenado para que ingrese voluntariamente en prisión en un plazo de diez días, “bajo apercibimiento de acordarse su busca y captura” en caso de desobediencia. Igualmente le insta a que ingrese en una cuenta bancaria del TSJC la cantidad de 12.150 euros, correspondientes a la multa a la que también ha sido condenado, y que su compañía aseguradora, Allianz, ingrese otros 85.000 de fianza que se decretó en las diligencias penales, para que de esa cantidad se abonen 60.000 a la magistrada Victoria Rosell en concepto de indemnización, como se fijó en la sentencia de ese tribunal ratificada hace 50 días por el Supremo.

Además, la Justicia decreta en el mismo auto la devolución de las fianzas de 3.000 euros depositadas por Podemos y por Carlos Sosa para ejercer la acción popular en la causa que ahora concluye.

A pesar de estar condenado en firme y de que la sentencia decreta una condena de 18 años de inhabilitación como juez con la pérdida de los honores anejos, Salvador Alba sigue siendo juez oficialmente a día de hoy. No obstante, según las mismas fuentes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto acordar este jueves la apertura de un expediente para su expulsión, dándole al interesado trámite de audiencia y escuchando a la Fiscalía.

La Justicia da diez días al juez Salvador Alba para ingresar en prisión
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