La Junta Provincial de Jueces y Magistrados de Santa Cruz de Tenerife constituida por 58 jueces y magistrados, 13 de los cuales lo hicieron por representación, acordó este viernes por unanimidad hacer suya la propuesta de medidas de la comisión interasociativa de asociaciones de jueces y fiscales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales), y ceñirse en su trabajo estrictamente al cumplimiento de las horas de audiencia fijadas por la ley, según explican en un comunicado de prensa enviado a este diario.
De igual modo, acordaron dirigirse a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales para que proceda a establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades laborales. "Entre tanto, instar la convocatoria de juntas de jueces sectoriales para establecer la carga de trabajo a la que ajustar nuestra función", amplían.
Los fiscales instarán a la Fiscalía General que fije un módulo de trabajo razonable y entre tanto, ajustarán sus funciones a meros criterios de calidad y salud. Instarán, asimismo, a la Fiscalía General que fije un catálogo de enfermedades profesionales en coordinación con la comisión de riegos laborales de los jueces.
Tienen igualmente la intención de convocar una concentración de toda la Carrera Judicial y Fiscal. "Si los anteproyectos de reforma de la LOPJ no se paralizan, ya que atentan a la independencia de los jueces y a la autonomía de los Fiscales y sigue sin abrirse una vía de negociación seguiremos adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga", señalan.
Las asociaciones de jueces y fiscales prestarán cobertura y asistencia a todos aquellos jueces y fiscales que secunden estas medidas.
De igual modo, han decidido aprobar la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que aboga por que se tenga en cuenta la especificidad de Canarias como territorio ultraperiférico para evitar la reducción de los permisos para asuntos propios prevista en la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, teniendo en cuenta que se trataría de una medida sin consecuencias presupuestarias (por cuanto las sustituciones ordinarias para cubrir dichos permisos las efectúan los compañeros sin retribución alguna), y que supondría un grave menoscabo para la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces y magistrados destinados en las Islas, un 70% de los cuales tiene sus raíces fuera de las mismas, lo que desincentivaría la llegada o permanencia de jueces y magistrados a Canarias.
