El ex presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín, afirmó ante el Tribunal que lo juzga por un presunto delito de negociación prohibido a funcionarios públicos, que espera que "se haga Justicia, se limpie mi nombre y el de mi familia". El magistrado, haciendo uso del derecho de todo imputado a intervenir tras la exposición de conclusiones por parte del fiscal y los letrados de la defensa, insistió en que su comportamiento "ha sido siempre el correcto", y explicó que decidió no contestar a las preguntas que se le formularon a lo largo de la vista "para ser consecuente con la estrategia de mi defensa, no como un ardid ni un medio para ostruir la Justicia".
Martín señaló se acogió al derecho a no declarar de cualquier detenido, recogido en el Código Penal, al considerar que "cualquier manifestación mía puede privar de antijuricidad lo que entendemos que se ha hecho indebidamente" a lo largo de un procedimiento, que lo ha mantenido suspendido de su empleo durante los últimos tres años.
En este tiempo, "he mostrado una gran paciencia para no interferir en las investigaciones", pero negó que sus encuentros con el otro acusado, Wilebaldo Luis Yánez, estuvieran motivados por otros motivos que no fueran los relacionados con la existencia de "una gran amistad". Con Wilebaldo Luis Yánez "he tenido una amistad de muchos años y hemos compartido muchos momentos".
Martín, visiblemente emocionado, se definió como un magistrado que "he hablado siempre con todo el mundo, he tenido mi despacho abierto y a todos le he dicho siempre lo mismo". Según sus palabras, sus recomendaciones a todo el que le ha pedido consejo han sido que dijeran "la verdad, no te enrrolles y nada más".
Sentencia
El juicio ha quedado visto para sentencia tras tres días de celebración en la Audiencia Provincial de Las Palmas, por la que han pasado una docena de testigos entre magistrados, letrados, policías, fiscales y amigos de los detenidos. En la lectura de sus conclusiones, el fiscal, Vicente Garrido, mantuvo para Martín la petición de diez meses de multa y dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, que había planteado al inicio. Por el contrario, rebajó la pena solicitada para Wilebaldo Luis Yánez, de diez a cinco meses de multa, y de un año y medio de inhabilitación a ocho meses. Las defensas de Martín y Wilebaldo Yánez piden la libre absolución.
