Inés Rojas: “Canarias es la comunidad donde más desciende la tasa de condena a menores”
“Canarias se coloca como prácticamente la única Comunidad Autónoma en el que desciende de forma sostenida la tasa de condenas a menores de edad”, afirmó este lunes la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en comparecencia parlamentaria para informar sobre los centros para jóvenes que cumplen medidas judiciales.
Según explicó en su intervención, en 2008, el decremento de la tasa de condenas para el colectivo de menores fue de un 18% menos con respecto a 2007, y en 2009 desciende otra décima situándose en una tasa de 6,38 delitos por cada mil habitantes, cuando la media del Estado se establece en 9,73”.
“Esto significa que Canarias está a tres puntos y medio menos que la media del Estado en delincuencia juvenil”, explicó Rojas quien continuó que esto ha sido posible “gracias a la implantación de un modelo garantista de derechos, a la estrecha colaboración con la administración de justicia y a la implicación en materia de inserción sociolaboral y educativa”
“Pero también gracias a la apuesta por la implantación de una serie de programas pilotos, que en los inicios fueron duramente criticados pero que con el tiempo y con la serenidad necesaria, han demostrado que han sido capaces de ofrecernos excelentes resultados, como, por ejemplo, la Unidad Terapéutica de desintoxicación de Valle Tabares”, indicó.
“Comenzando por el primer punto, el modelo garantista de derechos, Canarias apostó por un diseño público, en el que la planificación, los programas y la inspección se lleva a cabo por parte de la entidad pública, o sea la dirección general de Protección del Menor y la Familia, la gestión de los centros por una Fundación Pública y la inserción se realizan a través de los sistemas públicos de sanidad, educativo o de empleo”, relató Rojas, quien aseguró que, “a excepción de Cataluña, Canarias ha sido la única comunidad que ha diseñado un sistema de estas características, un sistema que incluye la figura del jurista en los centros, que junto con las inspecciones del Servicios de Medidas Judiciales, y por supuesto las de la fiscalía, garantiza el día a día de los menores que tiene acceso a la información y acciones que tengan que ver sobre sus derechos”.
“El segundo punto es la gestión de los centros por una Fundación Pública, la fundación IDEO, una opción tremendamente criticada, pero que ha demostrado su capacidad no sólo para cambiar el modelo de gestionar los centros, sino para mejorar cuestiones tan importantes como la propia formación del personal, y desde luego, no se pueden obtener resultados sin una política activa de recursos humanos o la clara apuesta por la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes como medida para que no vuelvan a delinquir”, indicó.
“Y el tercer punto, la inserción, que se facilita mediante la obligación que tienen los jóvenes a incorporase a un programa sea este educativo, laboral o de desintoxicación. Para ello, se confecciona un programa educativo individual, cuyo propósito final es la inserción o reinserción del joven”.
Un 76% menos de jóvenes con delitos graves en los últimos cuatro años
Rojas subrayó el descenso de jóvenes que cumplen medidas en régimen cerrado, que ha pasado de un total 93 jóvenes en 2007 a sólo 22 en 2010, “por tanto, un 76 % menos de jóvenes con delitos graves o reincidentes en los últimos cuatro años”
En este sentido, la consejera de Bienestar Social enfatizó la importancia de contar con ratios significativos de personal en los centros de internamiento gestionados por la Fundación Ideo. Así, indicó que son de un jurista por cada 50 menores, “la más alta de todo el Estado sin lugar a dudas, porque en la mayor parte de las comunidades ni siquiera cuentan con esta figura”.
Además, los centros cuentan con 1 psicólogo por cada 24 menores, 1 trabajador social por cada 25 menores y un tutor por cada 15 menores, además de educadores en cuatro turnos, mañana, tarde, noche y fin de semana.