“Guillermo García gastó dinero público a su antojo, sin respeto a la Ley”
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria, Águeda Montelongo, manifestó hoy que al director general del Ente, Guillermo García, “la única opción honrosa que le queda es dimitir, a la vista de todos los incumplimientos legales detectados por la Audiencia de Cuentas en su gestión entre los años 2007 y 2011, que afectan a 264 millones de euros”.
Para la diputada del PP, el máximo órgano fiscalizador de la comunidad autónoma “demuestra el total desprecio de Guillermo García a la Ley, y que se las ha ingeniado durante cuatro años para gastar dinero público a su antojo, sin someterse a un solo procedimiento de control que vigilase que las personas con las que contrataba fueran las idóneas”.
Los contratos que RTVC remitió a la Audiencia de Cuentas estaban incompletos, y hasta carecían de documentación justificativa que acreditara la idoneidad o la capacidad de las empresas con las que se contrataba, incumpliendo, por tanto el artículo 5 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, que exige respeto a los principios de eficacia, eficiencia y transparencia.
El informe, de hecho, llega a hablar de “riesgos de carácter legal”, y deja determinadas decisiones en manos del Tribunal de Cuentas, “por cuanto pudieran conllevar responsabilidad contable”, dada la ausencia de documentación justificativa en las fases de preparación y adjudicación del procedimiento utilizado, y de sujeción a los principios de publicidad y concurrencia.
“Es de chiste que, en sus alegaciones, García argumente que está en vigor el Plan de Viabilidad de RTVC, aprobado en 2012, cuando la contratación irregular se produjo entre 2007 y 2011”, agregó la diputada del PP. “Es más –prosiguió-, llega a escudarse en la escasez de la plantilla para intentar eludir la obligación de controlar la contratación”.
En la contestación de la Audiencia de Cuentas a las alegaciones pueden leerse frases tan demoledoras como la siguiente: “Durante la VII Legislatura en el Grupo Audiovisual se llevaban a cabo, de manera inadecuada, procedimientos vinculados a la toma de decisiones y a la gestión de los expedientes de contratación que no soportaban convenientemente las decisiones adoptadas. Se ha verificado, cómo en general, no constaba en los expedientes de los contratos revisados toda la documentación que debería obrar en los mismos”.
Para Águeda Montelongo, "es de vergüenza que la Audiencia de Cuentas tenga que recordar a un cargo público que para el adecuado funcionamiento de una empresa, máxime si gestiona fondos públicos, es necesario que la documentación se archive en un único sitio, y que en los expedientes debe constar la documentación justificativa de la necesidad del contrato, las características del servicio, o el estudio de los presupuestos solicitados”.