El Gobierno quiere aprobar en octubre un decreto con los asuntos pendientes del Plan de Empleo anulado y las mejoras acordadas en 2003

ACN

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, manifestó esta mañana su voluntad de “meter el acelerador” para poder aprobar en octubre un decreto en el que se recoja “el conjunto de mejoras para la promoción” que aún no se habían aplicado del Plan de Empleo de 1997 para los trabajadores de la Comunidad Autónoma, anulado por sentencia del Tribunal Supremo, así como las modificaciones a éste pactadas con los sindicatos en 2003. Esta sería la fórmula decidida por el Gobierno para conciliar el cumplimiento de la sentencia con la salvaguarda de los derechos para el personal autonómico, a raíz de la invalidación del documento por incumplir el trámite de ser informado por el Consejo Consultivo.

Una vez que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma hayan asegurado que los actos firmes llevados a cabo hasta ahora al amparo de dicho plan, como el reconocimiento de la fijeza de trabajadores laborales, están consolidados, el Gobierno se propone ahora salvar el resto de mejoras a través de un decreto, de tal forma que la situación, “después de septiembre quede restaurada” a su estado antes de la sentencia.

Este compromiso lo asumió hoy públicamente Ruano, ante los representantes de los cuatro sindicatos mayoritarios en la Administración autonómica, en el transcurso de un acto de firma de un acuerdo con medidas encaminadas, fundamentalmente, a conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores. Un acuerdo, cuyo simbolismo cobra la misma importancia que su contenido, ya que todos los presentes resaltaron que rompe la tónica habitual de enfrentamiento entre las dos partes, que había impedido otros de carácter general en los últimos tres años. La firma de hoy “marca un antes y un después del divorcio en la función pública y abre un camino hacia un futuro en el que en muy poco tiempo se desbloqueen los tres o cuatro temas que tenemos pendientes”, resumió Inocencio González Tosco, de Comisiones Obreras (CC OO).

Todos los presentes coincidieron en esta visión del acto, que Ruano calificó como pone un primer paso hacia la solución de los conflictos “atascados desde años atrás”, como las anulaciones judiciales del Plan de Empleo de 1997 o de parte del primer concurso de méritos de funcionarios, y el proceso de funcionarización del personal laboral. “Este acuerdo es la expresión pública del diálogo social recuperado en la función pública”, dijo. Además, los representantes sindicales reconocieron el cambio de talante del actual equipo de la consejería “que ha roto el molde mostrando su predisposición al acuerdo”, dijo González.

El siguiente paso será, según adelantó Ruano, cerrar un acuerdo este mes “de duración media” en el que se profundice en las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, la implantación de nuevas normas de horarios y jornadas y acciones de planificación y ordenación de la plantilla, en lo que respecta a los puestos de libre disposición y los tres asuntos ya mencionados. Todo ello, contemplado en parte en el acuerdo rubricado hoy, igual que el compromiso para este acuerdo plurianual, contribuirá, a juicio del consejero y de los representantes sindicales, a incrementar la motivación del personal, lo que a su vez repercutirá en la mejora de la prestación del servicio a los ciudadanos.

Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria, destacó también que el documento firmado hoy “empieza a considerar por primera vez al personal del Servicio Canario de Salud y de Educación como empleados públicos en las mismas condiciones que el resto”.

Por su parte, el secretario general del Sepca, Fernando Escrich Esteban, confiaba en que el acuerdo plurianual que empieza a negociarse ya, sitúe a los empleados públicos de Canarias “por encima de la media del resto de España”, ya que considera que la condición de las Islas como Región Ultraperiférica “debe revertir también en los trabajadores”.

El representante de UGT, Luis Fernando Rodríguez, manifestó su “voluntad inequívoca de tender la mano para lograr acuerdos que dignifiquen a los empleados, lo que repercutirá en una prestación de servicios más eficaz”, disposición compartida por el resto de los firmantes.

Mejoras de aplicación inmediata

El acuerdo aprobado hoy supone la aplicación inmediata de medidas de flexibilización de la jornada laboral, a través de un decreto, que facilitará la conciliación con la vida familiar, a la vez que permitirá más comodidad a los ciudadanos a la hora de realizar sus gestiones. De esta forma, se establece un tramo fijo de horario de 9:00 a 14:00 horas, y otros variables, entre las 7:00 y las 9:00, y entre las 14:00 y las 16:00 horas, de tal forma que los trabajadores que demuestren que necesitan adaptar su jornada a sus obligaciones familiares puedan recuperar las horas dispuestas incluso en horario de tarde (hasta las 20:00 horas) y los sábados por la mañana, cuando se podrán hacer gestiones hasta las 14:00 horas.

Fija en siete el número de días por asuntos propios, establece el derecho del empleado a ausentarse para someterse a tratamientos dentro de la jornada laboral, reconoce los derechos a las parejas de hecho y a los matrimonios del mismo sexo, y da cobertura legal a las víctimas de violencia de género.

En cuanto a la organización para avanzar en el acuerdo global que cierre todos los asuntos pendientes y consolide las mejoras de forma plurianual, el acuerdo establece la creación, a lo largo de este año, de tres comisiones de trabajo. Una de ellas abordará los criterios de planificación de los recursos humanos, la oferta de empleo público, la reducción de la temporalidad y elaborará un estudio sobre el absentismo laboral y el mobbing, así como un calendario de los distintos procedimientos relacionados con la gestión de personal.

Otra de las comisiones se encargará del estudio de la carrera profesional y administrativa de los empleados públicos, mientras que la tercera determinará los criterios de las nuevas unidades de apertura de tarde.

El acuerdo prevé también la apertura de una negociación sobre las condiciones de ejecución de las sentencias recaídas en el primer concurso de méritos del personal funcionario y la convocatoria inmediata del tercero.