El Gobierno está obligado por ley a investigar a los responsables de las indemnizaciones millonarias
El Gobierno canario está obligado por ley a iniciar expedientes de investigación sobre los responsables de las indemnizaciones millonarias que deberá pagar a cuenta de sentencias desfavorables para el Ejecutivo regional. Varios sindicatos de las Islas han hecho llegar al presidente canario, Paulino Rivero, este hecho y se reunirán con los distintos grupos parlamentarios para que se inicien estos expedientes de investigación.
Así lo anunciaron este jueves los sindicatos SIC, CSIF, CESP y Unión de Funcionarios quienes han querido poner esto en conocimiento de la ciudadanía tras las numerosas noticias en los medios de comunicación sobre indemnizaciones millonarias por mal funcionamiento de la Administración, como los casos de Tebeto, la expropiación del Parlamento de Canarias o las sentencias que se espera vengan derivadas de la Moratoria Turística y que, ya sólo con en el primer caso, pone en apuros a los recursos públicos.
Según Artículo 145 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común, “la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados por el mal funcionamiento de la Administración exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio las responsabilidades en las que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave”.
Así las cosas, los sindicatos mencionados se han dirigido al presidente canario y a la Consejería de Presidencia para que tengan en cuenta este hecho y se reunirán próximamente con los grupos parlamentarios para que se exija el inicio de de estos expedientes y, en su caso, se proceda a responsabilizar a los culpables si los hubiere, “cada uno con su grado de responsabilidad, primero los políticos y después los funcionarios o laborales”.
Es más, los sindicatos creen que es injusto que estas indemnizaciones, fruto de la mala práctica administrativa, tengan que ser sufragadas con el dinero de todos los canarios, y es por eso que proponen que estas sean pagadas con el dinero de los responsables, según su grado de responsabilidad.
Al respecto, y siguiendo lo que dice la propia ley, los sindicatos dicen que se debe buscar primero a los responsables políticos y después, si así fuera, a los funcionarios o laborales implicados en la mala práctica administrativa que han generado todas estas sentencias desfavorables al Gobierno canario y que han supuesto grandes indemnizaciones.
Tebeto
El caso más sonado de estas sentencias millonarias ha sido el de Tebeto, tanto por su cuantía como por los errores en los que se ha incurrido para que así fuera y el hecho sonado de que en dicha zona “no se ha movido ni una piedra”, como han reconocido incluso desde el propio Gobierno canario.
En total, la indemnización a la empresa que ha visto lesionados sus derechos de explotación de la zona de Tebeto por mala práctica administrativa del Gobierno canario, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) asciende a 101 millones de euros, y varios cargos gubernamentales han reconocido que esta cuantía pone en riesgo incluso los recursos para servicios públicos esenciales.