El Gobierno de Canarias manifiesta su rechazo “absoluto” al tratamiento del POSEI en el nuevo marco europeo
El Consejo de Gobierno celebrado hoy martes, 29 de julio, ha aprobado una declaración institucional en la que manifiesta su rechazo “absoluto” ante la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, anunciado recientemente por la Comisión Europea, en la que también exige al órgano comunitario un planteamiento financiero justo, específico y adaptado a la realidad de Canarias. Este cambio total de paradigma supondría, según denuncia este martes en nota de prensa el Ejecutivo, la pérdida del estatus específico del Archipiélago y el resto de Regiones Ultraperiféricas (RUP), que históricamente han contado con un reconocimiento diferenciado en las políticas agrarias europeas a través del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI).
Según el planteamiento presentado por la Comisión Europea, este programa dejaría de contar con financiación predeterminada y pasaría a ser una intervención más dentro del futuro plan nacional, sin partida presupuestaria definida ni reconocimiento jurídico diferenciado. De esta forma el principal instrumento para equiparar a las RUP con el resto de regiones de la UE vería mermada su capacidad de impulsar la actividad agraria y apoyar las producciones locales en estos territorios europeos, condicionados por factores como la insularidad, la fragmentación territorial, así como su dependencia del exterior para el abastecimiento.
Hasta la actualidad, en el marco del POSEI y con cargo al Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA), Canarias ha contado con el respaldo europeo a través del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), destinado a paliar los costes del suministro de productos esenciales para el consumo humano y para la transformación y de insumos agrícolas, y mediante medidas de apoyo a la producción agrícola local, dirigidas a asegurar la producción y comercialización de estas producciones, atenuando los costes derivados de su condición de región ultraperiférica y asegurando así su competitividad.
Sin embargo, la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 compromete los objetivos que la UE ha impulsado a través del POSEI y el resto de instrumentos de protección al sector primario, como garantizar el suministro de los productos agrícolas esenciales para el consumo humano, y asegurar el desarrollo del sector agrario y la diversificación de cultivos.
Asimismo, en la declaración del Ejecutivo comunitario se alerta de la desaparición de fondos agrarios y pesqueros –el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA), el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA)- que serían sustituidos por un único instrumento multifuncional, que sería gestionado a través de un único plan nacional diseñado por cada Estado miembro y en el que se mezclan los objetivos de todas las áreas materiales de la política europea, más allá del ámbito agrario y pesquero.
Se critica que estas medidas diluirían los recursos destinados al sector primario en el ámbito de la Política Agraria Comunitaria (PAC), obligando a competir con otras áreas por la asignación de recursos económicos, lo que redundaría en una disminución de los fondos destinados a la política agrícola y pondría en riesgo la viabilidad de la actividad de muchos productores y productoras del sector primario de la UE, especialmente en el ámbito de las Regiones Ultraperiféricas (RUP).
En total, la UE cuenta con nueve territorios considerados RUP, en concreto Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín (Francia), así como Azores y Madeira (Portugal), además de Canarias. Estas regiones aportan a la UE un territorio marítimo muy amplio, una mayor biodiversidad y una economía más variada, que abastece de productos agrícolas como plátanos, frutas tropicales y otras producciones. Asimismo, las RUP también representan un valioso activo en las relaciones comunitarias con los países vecinos no pertenecientes a la UE.
Límite de gasto
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros. Esta cifra supone 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.
Ahora bien, este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la CAC en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.
El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, que señala que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).
La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026. Esta cifra representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.
En consecuencia, los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos.
Ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insiste en que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que anima a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.
El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
En el momento actual no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas en la forma establecida en la LOEPSF. Por lo tanto, la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.
En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.
Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de os sistemas de financiación territorial. El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.
Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.