El Gobierno aprueba ejecutar la nueva línea eléctrica submarina entre Lanzarote y Fuerteventura
El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ha aprobado este lunes un decreto por el que se ordena ejecutar las obras para la ejecución de una nueva interconexión eléctrica, a través de un cable submarino de 132 kV, simple circuito, entre la subestación de Playa Blanca, en la isla de Lanzarote, y la subestación de La Oliva, en Fuerteventura.
El decreto aprobado ordena, asimismo, proceder en el plazo máximo de seis meses a la revisión o modificación del planeamiento territorial afectado.
El proyecto, promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U., permite aumentar la capacidad de transporte de la red eléctrica, lo que resulta fundamental para garantizar la evacuación de la nueva energía renovable que se genere en ambas islas y seguir avanzando en la implantación de un modelo energético más sostenible.
Además, la implantación de este proyecto contribuye a mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico, garantizando que, aun en el caso de que se produzca una avería en el actual cable submarino, ambas islas se mantendrán interconectadas.
El Gobierno modifica la Ley para asumir la convocatoria autonómica de plazas de policías locales
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la modificación por decreto ley de la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales de Canarias para introducir una disposición adicional que permitirá a los ayuntamientos delegar en el Ejecutivo la convocatoria de plazas de policía local para cubrir sus vacantes.
La delegación comprenderá, al menos, la competencia para la aprobación de las bases de selección, para la concreción de las plazas a convocar y para la determinación de los criterios de participación económica que ha de asumir proporcionalmente cada ayuntamiento delegante. El Gobierno de Canarias llevará a cabo una convocatoria anual unificada.
Según datos de las organizaciones sindicales, existen en estos momentos en torno a 700 plazas de policía local vacantes en todo el Archipiélago, generadas, entre otros factores, por las restricciones estatales que limitaron durante años la tasa de reposición. A ellas se suman las 300 vacantes que se estima que generará la aplicación del Real Decreto 1449/2018 que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales.
Por ello, se considera necesario establecer un modelo de acceso flexible y ágil que facilite a los ayuntamientos de Canarias la cobertura de las múltiples vacantes que disponen, unidas a las que se van produciendo por el natural envejecimiento de este sector del empleo público.
Queda, por tanto, justificada la necesidad extraordinaria y urgente de esta modificación, en tanto que es preciso contar con la inmediata habilitación legal para que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que cuenta con más medios materiales y recursos humanos, pueda prestar inmediato apoyo a los municipios que se ven desbordados para atender la cobertura de las vacantes en sus policías locales, con el consiguiente perjuicio para cubrir este servicio público esencial.
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias redactó la modificación de la la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales de Canarias y la remitió, en abril de 2018, al Parlamento regional para su tramitación como proposición de ley. Este texto elaborado por el Gobierno ya contemplaba la convocatoria autonómica para agilizar la cobertura de plazas vacantes y otras novedades como la posibilidad de que municipios limítrofes se asocien para crear un cuerpo policial conjunto o que policías locales de un municipio puedan prestar servicio en otros.
En vista de que el proceso de tramitación parlamentaria no concluirá antes del final de la legislatura, y ante la urgente necesidad de tomar medidas para cubrir las plazas vacantes, todos los grupos parlamentarios aprobaron el pasado 5 de febrero, de manera unánime, una proposición no de ley (PNL) en la que se instaba al Gobierno de Canarias y a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) a pactar un convenio marco para que sea la Administración autonómica la que convoque los procesos selectivos para cubrir las vacantes de policías locales en los municipios que se acojan al acuerdo. El decreto ley aprobado hoy crea el marco jurídico necesario para llevar a cabo el citado convenio.