El Grupo Parlamentario Socialista lleva a la sesión plenaria de esta semana una proposición no de ley por la que pide al Gobierno de España que establezca un marco de financiación específico para la puesta en marcha de un plan integral de empleo en Canarias que permita el desarrollo de estrategias encaminadas a la inserción sociolaboral de la población desempleada, según han adelantado desde la formación este domingo en nota de prensa.
El portavoz de Empleo, Héctor Gómez, explica que la propuesta contempla también la solicitud al Ejecutivo central del diseño de nuevos programas de ámbito estatal con especial cobertura en el ámbito del Plan Especial de Zonas Rurales y que requiere una adaptación a la realidad del mercado laboral. Por último, se insta al desarrollo de un plan de modernización de los servicios públicos de empleo.
La segunda PNL de las presentadas por el PSOE es la encaminada a lograr el apoyo de la Cámara para lograr programas específicos para el retorno del talento con incentivos concretos destinados a su recuperación para el tejido productivo canario, tanto a las empresas de las islas que contraten jóvenes en situación de emigración como a las personas que trabajan fuera de la Comunidad Autónoma y manifiesten su deseo de regresar.
El portavoz socialista de Conocimiento, Gabriel Corujo, explica que el objetivo de la propuesta es atraer y captar el talento de jóvenes canarios emigrados como consecuencia de la crisis económica. Señala que durante los duros años de contexto de crisis económica, “los jóvenes han sufrido con especial dureza las consecuencias de un modelo que no es sostenible y que no ha sido responsable con las generaciones venideras”. Indica que la crisis “ha golpeado y sigue golpeando duramente a las familias canarias, al tiempo que ha generado graves y profundas desigualdades”.
Otra de las proposiciones no de ley es la que han presentado de manera conjunta todos los grupos parlamentarios en materia de publicidad sanitaria. El portavoz socialista del área, Marcos Hernández, informa de que se trata de pedir al Gobierno canario el desarrollo de la competencia que tiene encomendada por ley en orden a implantar un control administrativo previo que no impida la publicidad de productos y servicios sanitarios, pero que coadyuve a que ésta se ajuste a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y evitar la publicidad engañosa y/o desleal, de la que estaría exceptuada la publicidad sanitaria institucional realizada por cualquier administración pública o por los colegios profesionales de ámbito sanitario.
En el marco de las comparecencias, el PSOE ha pedido al Gobierno que informe de las medidas para el fomento del vehículo eléctrico. El portavoz de Industria y Energía, Gustavo Matos, hace hincapié en que Canarias “debe llegar a tiempo a la revolución del coche eléctrico”. El Gobierno comparecerá también a propuesta del PSOE para dar a conocer las líneas de actuación previstas en materia de juventud para 2016.
La portavoz del área, Ana González, celebra la constitución del Consejo de la Juventud, cuya comisión gestora redacta en estos momentos el reglamento por el que se regirá este órgano. La diputada destaca la importancia de que el colectivo vea facilitado el acceso a un trabajo y vivienda, el reparto igualitario de los recursos y el acceso a ayudas y subvenciones por parte de las asociaciones juveniles. Aboga además por un mayor impulso al área de juventud de las administraciones públicas y por facilitar el acceso a la formación de los jóvenes de Canarias, independientemente del lugar donde vivan.
En el apartado de las preguntas, el PSOE vuelve a ser en esta legislatura el primer grupo parlamentario en asumir una iniciativa popular, en esta ocasión relacionada con la normativa o protocolo de actuación que permita flexibilizar el alquiler o venta de viviendas de protección oficial en los supuestos que exista violencia de género en el seno de la unidad familiar y el abandono de la vivienda resulte lo más recomendable para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.
El Grupo Socialista preguntará también por el techo de gasto fijado por el Gobierno de España para las administraciones públicas para 2016, los servicios sociales de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2016, la afección a los consumidores canarios del Real Decreto 738/2015, de 1 de agosto, los fondos adicionales en 2016 por aplicación de la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y los presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio.
