Cinco son de Lanzarote y dos de Fuerteventura

El Gobierno sanciona en los últimos 5 años a 89 establecimientos alojativos por incumplir el principio de unidad de explotación

Manuel Fajardo Feo recuerda que los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria no han presentado los planes territoriales de ordenación turística

El Gobierno de Canarias sancionó en el periodo 2001-2006 a 89 establecimientos alojativos de las Islas, “que representan el 6 por ciento de la planta extrahotelera del Archipiélago”, por incumplir el principio de unidad de explotación. Así lo aseguró ayer el consejero de Turismo del Ejecutivo regional, Manuel Fajardo, quien precisó que la mayoría de las sanciones fueron para apartamentos: 75 y 14 para bungalows.

Durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria de Turismo y Transportes, a petición del grupo Popular (PP), Fajardo detalló que de esos establecimiento extrahoteleros, 44 están situados en Gran Canaria, 38 en Tenerife, 5 en Lanzarote y 2 en Fuerteventura, a la vez que indicó que son los municipios de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Adeje y Arona (Tenerife) “donde el Gobierno canario ha apreciado una mayor residencialización de esos apartamentos”. En ese sentido, aclaró que de las 1.524 explotaciones que existen en Canarias han sido multadas 89. De ellas, dijo, 581 se encuentran en Gran Canaria donde se ha multado a 44 que supone el 8,5% de sus instalaciones, 240 establecimientos en Lanzarote con cinco sanciones (2%); 228 en Tenerife con 38 multas (casi un 13%), y en Fuerteventura hay 105 establecimientos y se han sancionado a dos en estos años.

Esfuerzo y defensa

Fajardo hizo hincapié en su intervención al “esfuerzo” que ha hecho el Gobierno canario en lo que se refiere al principio de unidad de explotación, así como la defensa que hizo del mismo en Bruselas cuando se cuestionó en la Unión Europea por falta de información. Recordó además que el Gobierno canario considera de “vital importancia” el cumplimiento de la unidad de explotación que incluso es objeto de control por parte del Ejecutivo hasta el punto de que, anunció, la Consejería sacará a concurso nuevas plazas de inspectores para este servicio.

Asimismo, señaló que tanto en los presupuestos de 2006 como en los de 2007 se ha incluido una cantidad que incentive a los operadores turísticos a la rehabilitación y la realización de proyectos de rehabilitación de la planta alojativa. De hecho, aseguró que en San Bartolomé de Tirajana y Arona y Adeje, donde el Gobierno ha apreciado un proceso de residencialización con un gran número de unidades alojativas fuera de la explotación turística, “insistimos en la revalorización de la zona turística a través de los planes de infraestructuras turísticas”.

Fajardo, en su intervención, manifestó que “en varias ocasiones” ha instado a los cabildos insulares a colaborar con la aplicación del principio de unidad de explotación turística de la Ley 5/1999.

Fracaso, según el PP

El diputado del grupo parlamentario Popular, Fernando Toribio, solicitante de la comparecencia, recordó al consejero que el principio de unidad de explotación está “íntimamente” relacionado con la renovación de la oferta alojativa obsoleta, al tiempo que le señaló que dentro de un mismo complejo hotelero existen apartamentos con uso turístico, de residencia de fin de semana y de residencia permanente. Criticó el “gran fracaso” del Ejecutivo regional en la renovación de la planta alojativa obsoleta y su “ineficaz control del principio de unidad de explotación”.Toribio preguntó también al consejero si las sanciones las pone el departamento de Turismo o los cabildos, porque “cuando usted tiene un problema le echa la culpa a los cabildos cuando en realidad la consejería ha estado paralizada”. El diputado del PP opinó que a estas alturas de legislatura el Gobierno canario debería tener un censo con los complejos alojativos extrahoteleros que no cumplen el principio de explotación y ponerlos por categorías.

Replicó a Fajardo que la “residencialización” implica una “disfuncionalidad y un fracaso” del principio de explotación porque significa que se pueden utilizar ilegalmente los alquileres turísticos. “¿Tiene usted una política turística clara o se la dejamos a los cabildos?”, preguntó Fernando Toribio al consejero de Turismo.

Un desastre, para el PSOE

El diputado del grupo parlamentario Socialista (PSC-PSOE), Julio Cruz, coincidió con Toribio en que la rehabilitación de la planta alojativa de Canarias “ha sido un desastre” porque conforme a la Ley de Directrices, tenía que estar muy avanzada en estos cuatro años que han transcurrido. No obstante, aclaró que no sólo es un fracaso del Gobierno canario sino también de los dueños de esos complejos. Cruz explicó que uno de los instrumentos básicos para la rehabilitación son los planes de ordenación turística insulares y la isla más afectadas es Gran Canaria, que “es la que más retraso lleva en ese plan”. Por eso, afirmó que alguna responsabilidad tendrá en este tema el Cabildo de Gran Canaria que “si hubiese hecho su trabajo desde 2003 estaría mejor el turismo”. Julio Cruz manifestó además que las sanciones que se han puesto estos años son pocas para el volumen de establecimientos que hay en las Islas.

Papel de los Cabildos

El consejero de Turismo, Manuel Fajardo, en su segunda intervención, señaló a Toribio (PP) que la Disposición transitoria única de la Ley 5/1999 establece una serie de competencias que los cabildos deben ejercer y entre las que se encuentra “dar cumplimiento a que si los establecimientos no cumplen con la unidad de explotación, cerrar”. Incidió en que los cabildos lo que han de aportar son los planes territoriales y no ideas, porque, de hecho, los de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote no han presentado al Gobierno sus planes territoriales. Por último, dejó claro que el Ejecutivo autonómico, en materia de Turismo, “ha hecho bien los deberes” porque el año pasado “superamos los 12 millones de visitantes en Canarias y somos una de las comunidades autonómicas del Estado donde más gastan los turistas”.