El director general de Protección a la Infancia y la Familia, Mauricio Roque, se reunió con el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Las Palmas y la Fiscal decana de la sección de Menores para estrechar su colaboración en materia de infancia, según las directrices de la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández.
El Gobierno canario explica este miércoles en una nota informativa remitida a este diario que Mauricio Roque puntualizó que “nuestra tarea es garantizar el derecho fundamental del menor a su integridad y al desarrollo pleno de todas sus potencialidades, asegurando que se satisfagan sus necesidades básicas en los distintos contextos donde transcurre su vida".
“Para cumplir lo anterior, nos hemos dotado de un nuevo marco jurídico con la reforma de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, Ley 26/2015 de 28 julio 2015 y LO 8/2015 de 22 julio 2015 en cuanto a protección y en cuanto a justicia juvenil, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores con las mismas consideraciones y principios”, señaló el director general.
Estos cuerpos normativos tienen la vocación de convertirse en un marco uniforme para que las Comunidades Autónomas desarrollen su respectiva legislación de protección de menores, con independencia de su situación personal, en cualquier ámbito o entorno en el que se encuentre.
Para Mauricio Roque la reunión ha sido “muy satisfactoria y fructífera y se trata del primero de muchos encuentros entre el Gobierno y la Fiscalía para garantizar la coordinación necesaria en beneficio del bien supremo del menor”.
“Hemos hablado especialmente del principio irreversible del paso del tiempo para los niños y niñas y la necesidad de que la toma de decisiones y los procedimientos deben de realizarse con la mayor celeridad en el marco de garantizar los derechos de los niños y niñas”, apuntó Roque.
En la reunión, se hizo un primer balance de la ley, “con la conciencia de que debemos seguir profundizando y con el objetivo de que haya unidad de criterio en su interpretación, cada institución en el ámbito de sus competencias,para para garantizar la mejor atención integral de los menores”.
En cuanto al ámbito de la reforma, “tanto la Fiscalía como el Gobierno analizamos la intervención del Ministerio Fiscal, en cuanto a la necesaria inspección y el control de los PEI (Programa Educativo Individualizado) y el PEC (Programa Educativo de Centros), así como los reglamentos internos que tiene como satisfacer las necesidades básicas de los menores y hacer hincapié en las acciones educativas tanto en reforma como en protección”.
En la reunión también se concretaron aspectos como la necesidad de reforzar la libertad vigilada y mejorar el procedimiento de idoneidad.
