miércoles. 29.06.2022
La Policía Nacional registra varios despachos de la institución que preside el nacionalista Antonio Morales en una operación de lucha contra la corrupción

Quedan en libertad cuatro de los cinco detenidos en el Cabildo de Gran Canaria

cope.es
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La Policía Nacional ha detenido este miércoles al interventor del Cabildo de Gran Canaria, José Juan Sánchez Arencibia, en el marco de una operación que se ha abierto y que está bajo secreto de sumario, según han adelantado fuentes judiciales. También, según estas mismas fuentes, ha sido detenida su esposa, la periodista Ángeles Horna, y se ha iniciado un registro minucioso de diferentes despachos de la principal institución de la isla redonda que preside el nacionalista Antonio Morales. 

Antes de que se iniciaran los registros y se produjeran las detenciones se estaba investigando una denuncia de un funcionario de Política Territorial, Rafael Ramírez, por una supuesta trama de irregularidades relativas a unas jornadas sobre el paisaje que se celebraron entre 2016 y 2019 que supusieron un desembolso de 40.000 euros. En paralelo a la operación que está abierta y sobre la que no se descartan más actuaciones, fueron detenidas otras cuatro personas en el Cabildo gobernado por Nueva Canarias (NC), el Partido Socialista (PSOE) y Podemos. Además de Sánchez Arencibia y de su esposa, propietaria de la agencia de comunicación Imaco 89, han sido detenidas también el jefe de prensa de la institución, Michel Jorge Millares, quien fuera organizador de las jornadas investigadas, el funcionario Víctor Quevedo, arquitecto y director de la Oficina del Plan Insular de Gran Canaria, y la periodista Mónica Torres, que dirigió la comunicación de esas jornadas. Todos ellos, tal y como comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a última hora de este miércoles, han sido puestos en libertad condicionada. El único que ha permanecido toda la noche y que está previsto que salga a primera hora de la mañana de este jueves es el interventor. 

Según la información que se ha dado a conocer, la Policía ha realizado tres registros, dos domiciliarios y otro importante en oficinas del Cabildo, además de confiscar los teléfonos móviles de los investigados.

La causa, que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 1 de Las Palmas de Gran Canaria, está bajo secreto de sumario y no se descarta que se llame a declarar a algún político. El presidente de la institución, el nacionalista Antonio Morales, ya se adelantó asegurando que están dispuestos a colaborar en todo lo que la justicia determine que es necesario.  A los investigados se les imputan presuntos delitos como malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida a funcionario público.

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