Detenido en Tenerife un auxiliar administrativo de Vivienda como presunto autor de delitos de falsificación y estafa
ACN
El detenido es empleado laboral y ha trabajado en los últimos años en el Instituto Canario de la Vivienda, aunque en la actualidad se encuentra desempeñando sus tareas en la Secretaría General de la Consejería de Infraestructuras.
La Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias señala en un comunicado que la Policía le ha informado de que tiene prevista la detención de un segundo auxiliar administrativo.
Además, indica que en los diez casos denunciados hasta el momento por el director del Instituto Canario de la Vivienda se ponía en conocimiento del fiscal la aparición de sucesivos documentos con la falsificación de su firma y con aparentes reproducciones del sello del Instituto. Sobre ninguno de ellos existía original en los archivos públicos. “A veces contaban con un número de registro inexistente y en otras el número de registro se refería a viviendas ubicadas en urbanizaciones o portales distintos a los reseñados en el papel”, se explica desde la Consejería.
En dichos documentos se trataba de reflejar una supuesta autorización administrativa: “la descalificación como viviendas de protección oficial”. Ese tipo de procedimientos reglados -se indica en el comunicado- solo pueden autorizarse en base a la normativa que las regula y, con carácter general, pasado el periodo de protección establecido en la calificación de la vivienda.
Así, se expone que en el supuesto de que algún propietario de una vivienda de protección oficial desee venderla antes del plazo establecido debe solicitar la preceptiva autorización; que sólo se concede si quien va a realizar la compra reúne los requisitos exigidos: Usarla como primera residencia y no superar un determinado nivel de renta. El inicial propietario esta obligado a vender al precio máximo tasado por el Instituto Canario de la Vivienda.
La Consejería también informa de que la descalificación de una vivienda de protección oficial la convierte en vivienda libre y por lo tanto su precio de venta pudiera ser superior. “Es decir, con la falsificación del documento público pudieran obtenerse ventajas de precio en la venta”, se puntualiza desde este departamento del Ejecutivo canario.
Asimismo, señala que los primeros indicios que el Instituto de la Vivienda tiene de este caso se producen el 8 de abril de 2004, a raíz de una llamada telefónica, interesándose por un tramite relativo al pago de un impuesto, relativo al procedimiento de descalificación. Al comprobar que no había concordancia de datos, se requirió el envío del documento por fax. “Más tarde se comprobó que no existía tal documento en los archivos del Instituto. En consecuencia, el día 14 del mismo mes se le traslada conocimiento de estos hechos a la Fiscalía, con copia del documento falsificado”, indica.
Posteriormente -prosigue el comunicado remitido por la Consejería- en diferentes fechas se han ido detectando por el Instituto Canario de la Vivienda un total de diez documentos falsificados de este tipo, que en todos los casos fueron remitidos a la fiscalía, El último de ellos estaba fechado el 26 de febrero pasado.
También, destaca que de las diez falsas descalificaciones de vivienda se ha ido teniendo conocimiento por diversas vías. En unos casos ha sido a través de los registros de la propiedad, en otros, la detección se ha realizado por el propio personal del Instituto Canario de la Vivienda, al contrastar la información con sus bases de datos