El sindicato informa este miércoles en una nota de prensa remitida a este diario que fue el pasado mes de julio cuando se solicitó por parte del CSI•F, a través del Presidente del Sector de Autonomía, Javier Galván Gabino, y el Responsable Provincial del Sector, Esteban Vega Martín, una reunión urgente con la consejera para darle traslado de presuntas graves irregularidades que se venían produciendo en el procedimiento de pago a determinados proveedores frente a otros. En dicho escrito los representantes sindicales de los empleados públicos solicitaron, ante la gravedad de los hechos, la dimisión o el cese inmediato del Director General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, que viene haciendo caso omiso a los órganos de control interno de la propia Administración.
Entienden los responsables del CSI•F que dichas conductas pudieran ser constitutivas de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, así como de aquellos otros que por conexión resulten acreditados, al constatar una vulneración del principio de igualdad de trato en los procedimientos de pago a los proveedores con trascendencia en la tesorería propia y de terceros.
Las actuaciones descritas, explica el CSI-F, han puesto en tela de juicio el impecable, pulcro y correcto funcionamiento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretado en este supuesto en el Servicio Canario de Salud generando en los operadores económicos -adjudicatarios de servicios y suministros- y en la opinión pública la idea de corrupción con expresa quiebra del bien jurídico protegido común contenido en el conjunto de tipos delictivos que busca la integridad de la Administración Pública. "Es en aras de conseguir estabilidad y eficacia en el funcionamiento de la Administración Pública (art. 103.1 CE), tratando de evitar arbitrariedades (art. 9.3 CE) y con sometimiento a los parámetros de legalidad (artículo 9.2 CE), lo que obliga finalmente al CSI•F a poner en conocimiento los hechos descritos", sentencian.
