Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSOE) han formalizado en la tarde de este viernes el acuerdo definitivo para el reparto de áreas del Ejecutivo que presidirá Fernando Clavijo. Siguiendo la lógica del número de diputados, los nacionalistas llevarán seis departamentos y los socialistas cuatro, mientras que el poder se revierte en el Parlamento, puesto que allí serán los socialistas los que lleven la Presidencia y los nacionalistas la Vicepresidencia Primera.
La estructura de consejerías aún no se ha concretado, pero CC dirigirá las áreas de Hacienda, Economía, Seguridad, Educación, Política Territorial, Medio Ambiente, Turismo e Industria.
Por su parte, los socialistas coordinarán las políticas de Sanidad, Presidencia, Justicia, Igualdad, Obras Públicas, Transportes, Puertos, Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda.
El portavoz del PSOE, Francisco Hernández Spínola, comentó tras el encuentro de este viernes que se trata del "pacto lógico y natural", que reúne 33 diputados.
"El acuerdo supone una continuidad del mantenido entre CC y el PSOE en la legislatura pasada, que por primera vez en Canarias duró los cuatro años sin que se produjese ninguna ruptura, razón por la que los ciudadanos volvieron a mostrar su apoyo a CC y el PSOE en las elecciones del 24 de mayo", explicó.
El pacto incluye que CC y PSOE gobiernen tanto en el Ayuntamiento de La Laguna como en el Cabildo de Tenerife, "un asunto que es capital" para los socialistas, por lo el acuerdo "debe cerrarse cuanto antes".
José Miguel Barragán, por su parte, señaló que el acuerdo de gobernabilidad contiene una adenda que establece que se conviertan en acuerdos de gobierno aquellos pactos en minoría alcanzados el pasado 13 de junio en algunos ayuntamientos. Asimismo, prevé el cierre del acuerdo en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de La Laguna y que se reviertan los pactos en aquellas instituciones en las que CC y PSOE hayan incumplido lo acordado, como en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, todo mediante el diálogo y el consenso, independientemente de que ambas formaciones políticas puedan decidir medidas disciplinarias.