CC obtiene el apoyo del Senado para exigir al Gobierno la convocatoria inmediata de la comisión bilateral sobre el Decreto Canarias

Pedro San Ginés.

 

El Pleno del Senado ha aprobado hoy una moción de Coalición Canaria (CC) en la que se insta al Gobierno de España a convocar "con la mayor inmediatez" una comisión bilateral con el Gobierno de Canarias que aborde el Decreto Canarias, fije una metodología de negociación y acuerde un calendario de cumplimiento de los compromisos pendientes establecidos en la Agenda Canaria, el Estatuto de Autonomía y los acuerdos plasmados en los vigentes presupuestos.

La iniciativa, fruto de una interpelación del senador Pedro San Ginés al ministro Ángel Víctor Torres, ha incorporado aportaciones de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y del Partido Popular (PP), que tras firmar en su momento la Agenda Canaria, ha respaldado también la necesidad de aprobar el Decreto Canarias. Únicamente Vox, según afirman en nota de prensa los nacionalistas, ha votado en contra de la moción, mientras que el Partido Socialista (PSOE) se ha abstenido.

En su defensa de la propuesta, el senador de los nacionalistas canarios resaltó que Canarias "no reclama privilegios" sino "sus derechos". "¿O acaso no es un derecho exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos?", cuestionó. En esa línea, también reclamó que se haga "efectiva" la igualdad entre españoles de la que "tanto se presume", recordando que Canarias es un territorio a miles de kilómetros del continente, fragmentado en ocho islas y con seis emergencias declaradas.

El senador de CC defendió en su intervención que, "aunque al PSOE le parece un tremendo exceso de pretensiones para Canarias", no hay "nada en ese Decreto que no sea un compromiso adquirido y un derecho". San Ginés hizo así hincapié en la flexibilización de la regla de gasto para atender a asuntos como la vivienda, la sanidad o la educación.

El parlamentario nacionalista subrayó que, si la Agenda Canaria firmada entre CC y los socialistas para respaldar la investidura de Sánchez fue "un compromiso", desde su formación tienen "derecho a reclamar que se cumpla todo lo contemplado en esa Agenda y aún no cumplido" en el acuerdo, como las ayudas a La Palma. Asimismo, hizo alusión a que el Decreto también persigue mayores cuotas de autogobierno en materias de costas y de aeropuertos mediante el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, que, como recordó, "aprobaron estas Cortes para desarrollarlo y cumplirlo".

Pese a que San Ginés reconoció algunos avances en la metodología para el cálculo de las ayudas al transporte de mercancías —como la incorporación de la triple insularidad de las islas no capitalinas—, advirtió de que "hay que materializar esos acuerdos y modificar muchos decretos aún", en un contexto de Presupuestos Generales prorrogados desde 2023 con partidas sin actualizar que siguen encareciendo la cesta de la compra en el Archipiélago. 

En esa línea, el senador nacionalista aludió a la intervención del senador socialista Ramón Morales, quien trasladó a la Cámara el anuncio del presidente del Gobierno de 7.200 millones de euros para la dependencia, opinando que "si fiamos el futuro de Canarias a los anuncios presupuestarios de Sánchez, entonces estaríamos perdidos".

San Ginés calificó como "triste" que al PSOE le parezca "un privilegio" el cumplimiento del Decreto Canarias y reprochó que su posición política haya "reducido su acción política a hacer concesiones según a quien, para resistir sin gobernar". Igualmente, definió como "preocupante para Canarias" que "los más firmes detractores de este Decreto para la defensa de los derechos de Canarias" sean "precisamente las diputadas y senadores del PSOE que representan a Canarias".

A ese respecto, recordó que los socialistas se negaron a participar en las mesas de negociación con el Gobierno de Canarias para debatir esta cuestión, "al dictado" de su secretario general en Canarias, Ángel Víctor Torres. "Expliquen a toda Canarias qué es lo que les parece que sobra de este Decreto, o qué es lo que es un privilegio", interpeló sobre la propuesta del Gobierno canario que recibió apoyo de sindicatos, patronales, FECAI y FECAM.