El informe presentado en el Consejo de Ministros no convence a la Comisión Ejecutiva Nacional de CC

CC asegura que la reforma local “desnaturaliza el papel de los Ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano”

Barragán pide que la reforma garantice la sostenibilidad de las corporaciones y la calidad de los servicios y critica que no tenga en cuenta las especificidades de Canarias al equiparar las Diputaciones con los Cabildos

- Los nacionalistas denuncian la “falta de transparencia” del Gobierno en una reforma que es clave para el futuro de la administración

La Comisión Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria (CC) considera que el informe que el ministro de Hacienda y Administraciones Publicas presentó ayer en el Consejo de Ministros sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalizacion y sostenibilidad de la Administracion Local “desnaturaliza el papel fundamental que juegan los ayuntamientos como institución más próxima a los ciudadanos”, señaló el secretario general de CC, José Miguel Barragán, al término de la reunión que este pasado viernes se celebró en Las Palmas de Gran Canara.

Barragán apunta en nota de prensa, a este respecto, que “las corporaciones locales prestan unos servicios públicos que son necesarios e imprescindibles y el Gobierno del Estado debe velar para que se sigan cumpliendo y no apostar por cercenar sus competencias y amputar la carta de servicios públicos de los Ayuntamientos”.

En el informe, consideran los nacionalistas, se suprimen las competencias en materia de sanidad y educación y se mantienen las de servicios sociales para los municipios de más de 20.000 habitantes, y se otorga un plazo de 5 años a las Comunidades Autónomas para que las "recuperen", si bien se prevé que puedan ser objeto de delegación.

El secretario general de Coalición Canaria considera imprescindible que se acometa una reforma local, “pero ésta ha de garantizar la sostenibilidad financiera, ser respetuosa con la autonomía local y, lo que es más importante, que garantice una mejor atención a los vecinos, de más calidad y menos costosa para las arcas públicas”.

Uno de los asuntos que la Comisión Ejecutiva Nacional de de CC cuestionó

durante su análisis de la nota de prensa emitida tras el Consejo de Ministros es el hecho de que se trate de diferente manera a los municipios en función de si superan o no los 20.000 habitantes. “Mientras los menores de 20.000 habitantes perderán competencias en favor de los cabildos si incumplen ciertos estándares de calidad, los de más de 20.000 habitantes podrán incumplirlos sin problemas.

Ahora, además, se dispone que los municipios de menos de 5.000 habitantes que no presenten sus cuentas, serán disueltos y absorbidos por un municipio colindante”.

“La diferencia de trato es injustificada; el límite de población, arbitrario; la

propuesta es contraria a la autonomía local y, lo más importante, se obvia quizás por desconocimiento el papel fundamental de atención a los vecinos que vienen desempeñando los municipios de menos de 20.000 habitantes de acercar los servicios a quienes residen en esas localidades”.

Según explica el secretario general de CC, a esto se suma que, “con la excusa de la sostenibilidad financiera, el Gobierno de España, una vez más, ahonda en la centralización competencial en una vuelta a la tutela estatal preconstitucional que vulnera las competencias de las comunidades autónomas pero, sobre todo, la autonomía de los municipios como entidades públicas”.

José Miguel Barragán explicó que, además, el anteproyecto se ha elaborado sin tener en cuenta las especificidades de Canarias al limitarse a equiparar la provincia con la isla y la diputación con el cabildo insular. “Se desconocen las circunstancias territoriales, sociales e institucionales que concurren en el archipiélago. El objetivo del equilibrio presupuestario y la suficiencia financiera de la administración municipal”, asegura, “no es causa suficiente para ignorar esta realidad ni tampoco es incompatible con el mismo un régimen especial que responda a la realidad insular”.

Barragán denuncia, por otra parte, la falta de transparencia del Gobierno con respecto a una reforma que se tendría que debatir en una misma mesa con todas las fuerzas políticas.