Canarias paraliza la consulta sobre las prospecciones petrolíferas
El Gobierno de Canarias ha decidido paralizar la consulta sobre las prospecciones petrolíferas convocada para el 23 de noviembre. La decisión ha sido adoptada por el Ejecutivo de Paulino Rivero después de que el Consejo de Ministros anunciara el pasado viernes su intención de de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta convocatoria.
El Gobierno de Canarias sigue creyendo que la consulta es constitucional y confía en que finalmente el tribunal la avalará. Sin embargo, quiere esperar a la resolución y, mientras tanto, paralizará todo el proceso, tal como ha asegurado el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero.
El Ejecutivo autonómico considera que"tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía son plenamente constitucionales", asegura en un comunicado. "En esa dirección, entiende que se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España".
La consulta, continúa el Gobierno canario, "tampoco supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas". En cuanto a la pregunta, añade, "tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, sino el modelo medioambiental y turístico del Archipiélago".
Por su parte, el Cabildo de Lanzarote lamenta profundamente que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy haya aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), al objeto de ilegalizar la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas que la multinacional Repsol prevé iniciar en las próximas semanas. En consonancia con otras instituciones de Canarias, el Cabildo de Lanzarote expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional respalde en esta ocasión la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas, al entender que se trata de un derecho ciudadano absolutamente legítimo, democrático, y respetuoso y compatible con los preceptos de la Constitución española.
El recurso presentado el pasado viernes por el Gobierno de España ante el TC supone la suspensión automática y cautelar del proceso, pero no impide que el Alto Tribunal dictamine una resolución favorable a las tesis defendidas por las instituciones canarias (Gobierno y Cabildos) sobre la continuidad o no de esta medida cautelar. Para ello se dispone de un plazo de cinco meses.