Canarias exige una reunión urgente con el Ministerio ante la imposición de destinar el dinero de carreteras a pagar deuda
- La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, calificó el hecho como “de extrema gravedad” y recordó que Canarias es la autonomía con menor deuda por habitante y no necesita amortizar
La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, informó este lunes de que el Gobierno de Canarias ha enviado una comunicación por escrito al Ministerio de Hacienda para “exigir una reunión urgente ante la imposición del Gobierno de España de destinar los 500,4 millones de euros de las sentencias del Convenio de Carreteras a amortizar deuda”.
“Es un asunto extremadamente grave, por lo que también nos hemos puesto en contacto telefónico con el Gabinete de la ministra para trasladarle que mi disponibilidad para mantener esa reunión es absoluta, a cualquier fecha, a cualquier hora y en cualquier lugar”, afirmó.
Rosa Dávila añadió que el Gobierno de Canarias agotará hasta el último recurso para conseguir que ese dinero salga del superávit de la Comunidad Autónoma cuando el Ministerio de Hacienda publique los datos definitivos el próximo 15 de abril. “Estamos viviendo una maniobra más del Gobierno de Pedro Sánchez para quitarnos a todos los canarios el dinero de nuestras carreteras”.
La consejera desmintió que Canarias tenga un superávit 2,05 % del PIB regional y 947 millones de euros, tal y como publicó el viernes el Ministerio de Hacienda en su página web. En este momento, “el superávit de la Comunidad Autónoma se fija en el 0,65% que equivale a 300,6 millones de euros, casi 650 millones menos de lo que se ha publicado. Así se lo hemos comunicado ya a la Intervención General del Estado y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal”.
Dávila denunció que “ya es grave que el Gobierno de España continúe saltándose una sentencia judicial firme que les obliga a transferirnos el dinero de los convenios, pero contabilizar unos fondos que no han pagado como si realmente lo hubieran hecho, es una artimaña que solo busca que ese dinero vaya directamente a pagar deuda a los bancos y a compensar a las comunidades autónoma incumplidoras”.
Canarias, la autonomía con menor deuda per cápita
Además, la consejera recordó que “Canarias no necesita amortizar deuda porque es la comunidad autónoma española con menor deuda por habitante y la tercera en relación con el PIB, solo por detrás de Madrid y País Vasco”
Añadió que “el Gobierno de Canarias hará todo lo posible para terminar lo que ha empezado. La lucha para que el dinero de las carreteras llegue de una vez por todas y el empeño para que el superávit se pueda utilizar para los servicios públicos esenciales y no para los bancos no puede quedar a medias”.
Por último, Rosa Dávila explicó que “contabilizar el dinero de carreteras en el superávit, vulnera una de las normas del Sistema Europeo de Cuentas que tiene que ver con las decisiones judiciales, como es el caso de las sentencias del convenio de Carreteras”. Esta norma dice que el registro de los gastos o ingresos se realiza cuando el demandante, es decir, Canarias, tiene el acceso a esa cantidad y pueden hacer uso de ese derecho.
El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de más de 38 millones de euros para programas de pobreza
El Consejo de Gobierno también ha autorizado este 1 de abril la realización del gasto que conlleva las aportaciones dinerarias que se conceden a las corporaciones municipales para financiar las distintas líneas de pobreza financiadas a los ayuntamientos en las áreas de los servicios sociales comunitarios a través del Plan Concertado de Servicios Sociales, el programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, programas de ayuda para evitar el riesgo en las familias y la infancia y el apoyo a los programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias. Serán más de 38 millones de euros destinados a proporcionar la financiación básica de programas destinados a la población más vulnerable.
Plan Concertado y PCI
Las áreas de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos recibirán un importe global que asciende a 19.641.028 euros, dos millones más que en 2018, de los cuales 6.909.857 euros se destinará a la gestión de la Prestación Canaria de Inserción, PCI.
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios, proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación, para dar continuidad a la realización de una serie de programas que vienen siendo llevados a cabo por los ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria.
Es objeto del citado protocolo distribuir los créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019, con el objetivo de dar continuidad a los Programas que viene cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.
El Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales constituye el pilar básico del sistema de protección social, constituyendo la red de servicios sociales de gestión local.
Estos recursos están dirigidos a toda la población y entre sus objetivos están el de informar y orientar sobre derechos y recursos; realizar prevención e inserción social y familiar; prestar ayuda a domicilio a personas y familias que padecen situaciones que lo requieren; dar prestaciones de alojamiento y convivencia a las personas sin hogar. También incluye prestaciones específicas a colectivos, se financian los centros de servicios sociales, centros de acogida, centros de día o centros ocupacionales de titularidad de las corporaciones locales.
Por lo que respecta a las prestaciones básicas de servicios sociales, se autoriza el gasto de la transferencia del Estado por un importe de 12.000.000 euros para dar continuidad a la realización de una serie de programas que vienen siendo llevados a cabo por los ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria. Hay que recordar que la Comunidad Autónoma debería haber recibido el año pasado 30 millones de euros para la lucha contra la exclusión social, pero a fecha de hoy solo han sido ingresados estos 12 millones.
Estos doce millones serán distribuidos entre los ayuntamientos de Canarias a través de un protocolo con la FECAM con la finalidad de implementar y reforzar actividades enmarcadas en las prestaciones básicas de servicios sociales, centradas en el apoyo a los programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias, que serán distribuidos de acuerdo al protocolo general de actuación suscrito entre la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios.
Los equipos municipales especializados de atención a la infancia y a la familia y los centros y servicios de día contarán con un importe total de 5.854.870 euros, que se repartirá entre los municipios se ha realizado de acuerdo al protocolo adicional, incluido en el acuerdo suscrito en 2015, entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la distribución de créditos entre los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Según la actual Ley de protección integral del menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.
En la atención integral a los menores, tendrán carácter preferente las actuaciones dirigidas a prevenir las posibles situaciones de riesgo, así como las graves carencias que menoscaben su desarrollo. Las administraciones públicas deberán velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción; fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre; limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral; disminuir los factores de riesgo de marginación y evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.
Las administraciones públicas canarias, en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollarán y fomentarán las actuaciones preventivas que, en el marco de lo establecido en la Ley, se determinen en los planes y programas de servicios sociales y, específicamente, en aquellos que tengan por objeto la atención integral a los menores.
Como recurso preventivo prioritario se establecerán programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral. El apoyo a la familia podrá consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.
También se ha aprobado la petición de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de disponer 800.000 euros para financiar proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia, con la finalidad de poder gestionar subvenciones a distintas entidades del Tercer Sector de Acción Social con cargo a la línea de financiación del Estado de Proyectos Sociales de Apoyo a la Familia e Infancia, acordada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en virtud de la cual correspondió a la Canarias la cantidad de 3.061.462 euros.
Este crédito irá destinado a financiar proyectos de intervención social y prestaciones económicas que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión, con especial atención a las familias con tasas superiores a la media, como es el caso de las familias monomarentales.
El Gobierno aprueba la ejecución de siete nuevos parques eólicos
El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ha aprobado además los decretos por los que se acuerda ejecutar siete nuevos parques eólicos que suman una potencia total de 95,2 megavatios (MW).
En concreto, los decretos aprobados se refieren a cuatro parques eólicos localizados en Gran Canaria, dos en Tenerife y uno en Fuerteventura. Además en todos los casos, se ordena modificar el planeamiento afectado en el plazo de seis meses.
Estos parques podrán optar a la convocatoria de ayudas abierta hasta mañana martes, 2 de abril, para la instalación de nueva potencia eólica en las islas y para la que se cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros, financiado con fondos FEDER.
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, aseguró que con la aprobación de estos 7 nuevos parques, Canarias consigue superar con creces el objetivo de alcanzar los 180 megavatios nuevos de potencia eólica a través de esta convocatoria de ayudas.
“En concreto, y a fecha de hoy, hay 26 proyectos eólicos localizados en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental y están en disposición de acogerse a esta convocatoria” detalló el consejero.
La implantación de todos estos parques podría suponer 220 MW más de potencia eólica instalada, lo que implicaría un aumento de en tono al 5% más de energía renovable con respecto a los 600 MW que ya están instalados en Canarias.
En este contexto, el consejero destacó el esfuerzo y el trabajo realizado por el personal de las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Política Territorial y Sostenibilidad, así como “la confianza que han demostrado los promotores en que el Gobierno de Canarias podía sacar adelante la tramitación necesaria para que pudieran concurrir a esta convocatoria de ayudas”.
“A partir de ahora, es necesario que tanto los promotores como el operador del sistema y las administraciones locales trabajen de la mano para que estos estos proyectos puedan materializarse y convertirse en una realidad que ayude a Canarias a seguir avanzando en la implantación de un modelo energético mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, añadió.
Asimismo, recordó que el Gobierno de España se ha comprometido a publicar este mismo año una nueva convocatoria de ayudas para la instalación en Canarias de energía eólica y fotovoltaica en el Archipiélago.
Condiciones de la convocatoria
Los proyectos que resulten beneficiados de esta convocatoria deben estar completamente finalizados el 30 de junio de 2022 y el importe máximo que se puede conceder por proyecto es de 448.000 euros por MW, estableciendo un límite de 15.000.000 euros por empresa y proyecto.
El texto establece un tope máximo de potencia eólica instada por isla de 70MW en Gran Canaria, 55 en MW en Tenerife; 35MW en Lanzarote; 45 MW en Fuerteventura; 7 MW en La Palma y 5 MW en La Gomera.
Las solicitudes recibidas se evaluarán conforme a una puntuación entre 0 y 15 en la que se tendrá en cuenta el importe de la ayuda unitaria, el emplazamiento y la instalación y la viabilidad administrativa del proyecto.
Nuevos decretos de ejecución
Entre los 7 parques eólicos cuya ejecución aprobó el Consejo de Gobierno se incluyen 4 parques de Gran Canaria, como son los parques de Santa Lucía del Mar (9 MW) y de Montaña de Arinaga (18,9 MW), impulsados por Energías Alternativas de las Islas, S. L, en el municipio de Agüimes; el parque de Salinetas, con 4 MW de potencia, promovido en Telde por Loro Parque, S.A.; y el parque eólico Agüímes, de 9,6 MW, de Naturgy Renovables, S. L. U.
Con respecto a Tenerife, se aprobó la puesta en marcha de los parques Central de Granadilla, de 16,1 MW, impulsado por Green Power España, y el Parque Magua 1, de 8,4 MW, promovido por Disa Renovables en Arico.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ordenó la ejecución del proyecto Parque Eólico del Rosario y la Infraestructura de Evacuación, promovido por Naturgy Energy y cuya instalación conlleva una potencia eólica de 29,2 MW.
El presidente acuerda, previa deliberación del Gobierno, convocar las elecciones autonómicas
El presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, sometió para su deliberación en la sesión de de este lunes del Consejo de Gobierno el Proyecto de Decreto por el que se convocan elecciones al Parlamento de Canarias. El decreto será publicado, y entrará en vigor, mañana martes 2 de abril.
Como se recordará, la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, en su artículo 16, atribuye al presidente de la Comunidad Autónoma la convocatoria de elecciones al Parlamento de Canarias.
En consecuencia, el decreto señala que las elecciones al Parlamento de Canarias se celebrarán el domingo 26 de mayo de 2019 y que el número de diputados y diputadas a elegir será el de 70 a distribuir entre 61 escaños correspondientes a las siete circunscripciones insulares y los restantes nueve escaños, a la circunscripción autonómica.
Los escaños de las circunscripciones insulares corresponden a tres por El Hierro, ocho por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, cuatro por La Gomera, ocho por Lanzarote, ocho por La Palma y 15 por Tenerife.
Asimismo, el decreto contempla que la campaña electoral durará 15 días, comenzando a las cero horas del viernes día 10 de mayo de 2019 y finalizando a las cero horas del sábado día 25 de mayo del mismo año.
Sanidad recibirá un millón de euros adicionales para los puntos de urgencias y reducir listas de espera
Por otro lado, el Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes dotar de un 1.000.000 euros adicionales a la Consejería de Sanidad para financiar el gasto derivado de la actividad asistencial de los puntos de urgencias y reforzar las áreas quirúrgicas y de consultas para reducir las listas de espera.
Los recursos están previstos en la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y requieren de una modificación presupuestaria para su disposición efectiva por el Servicio Canario de la Salud (SCS).
Durante 2019, el SCS contratará en el marco del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (PLUSCAN) un total de 118 profesionales sanitarios, para continuar con la mejora de los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios.
Estos 118 nuevos profesionales serán 29 médicos, 30 Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE), 19 Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico (TER), cuatro Técnicos Especialistas de Laboratorio (TEL), 11 auxiliares administrativos y 25 celadores.
De ahí que el incremento de la actividad asistencial resultante del aumento de los recursos, de este año y de ejercicios anteriores, requiera de una mayor dotación presupuestaria.
Listas de espera
Asimismo, la reducción de las listas de espera constituye el principal objetivo asistencial de la Consejería, para el que se han realizado importantes esfuerzos en los últimos ejercicios presupuestarios y que requiere de financiación adicional para continuar con la tendencia al descenso de los tiempos de demora.
Entre diciembre de 2016 y 2018, la lista de espera quirúrgica ha experimentado una reducción del 28 por ciento, registrándose un cambio de tendencia desde el segundo semestre de 2017, que se ha ido consolidando, de modo que se ha logrado reducir significativamente la demora media para una intervención quirúrgica, un indicador importante.
La reducción de la demora media en este período fue del 21 por ciento, pasando de los 181 días en diciembre de 2016 a los 139 de diciembre de 2018, es decir 42 días menos en dos años.
Respecto a la mediana, dato estadístico que refleja que la mitad de los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica esperan ese número de días o menos, se sitúa en 77 días, frente a los 131 de diciembre de 2016, lo que significa que la mitad de los pacientes tardan menos de 77 días en ser operados.
La reducción de las listas de espera se debe al buen funcionamiento de los programas puestos en marcha -CMA24, Plan Demora, Planes Funciona y Plan Verano- y a la colaboración, el esfuerzo y la profesionalidad de todo el personal sanitario y no sanitario del SCS, cuya labor ha sido determinante en este nuevo descenso de las listas de esperas.
De este modo, y para continuar con la tendencia al descenso de la listas de espera en el SCS, se requiere de financiación suficiente para afrontar el aumento de la actividad asistencial.
Sanidad destinará 4,3 millones al tratamiento de pacientes con gases de uso médico-asistencial
El Servicio Canario de la Salud (SCS) destinará 4.319.430,24 euros hasta 2023 al tratamiento de pacientes del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el Hospital del Sur de Tenerife, el Hospital de Ofra y el Centro de Atención Especializada J.A. Rumeu con gases de uso médico-asistencial; gasto fue autorizado hoy en Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Sanidad.
Los gases de uso médico-asistencial son medicamentos vitales en tratamientos e intervenciones hospitalarias, como el oxígeno, nitrógeno, protóxido de nitrógeno o la mezcla de gases para usos exclusivamente medicinales.
La partida económica destinada a estos tratamientos incluye la contratación del suministro de gases de uso médico-asistencial y la gestión del servicio que implica, entre otras funciones, el mantenimiento de las instalaciones encargadas del suministro y la distribución de los gases hasta la toma del paciente, el análisis de la calidad del medicamento suministrado, la gestión, control y distribución de botellas, el control del stock en los centros, la trazabilidad de la distribución de botellas, la reposición de pequeño material y el llenado de recipientes criogénicos.
Estas actividades son indispensable para el correcto funcionamiento de las instalaciones y para garantizar la disponibilidad y control de la trazabilidad de los gases medicinales en los centros hospitalarios.
La duración del contrato de suministro y gestión del servicio de gases de uso médico-asistencial en los centros dependientes del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, será de 48 meses, comprendidos entre las anualidades de 2019 y 2023, y que podrá prorrogarse por otros 12 meses.
Aprobado el gasto del control y vigilancia de las obras del cierre del Anillo Insular de Tenerife
Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias fue, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la autorización de un gasto plurianual de 6.202.218,73 euros para financiar la contratación de los servicios de control y vigilancia de las obras de “Actualización del proyecto de construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide”, conocido como cierre del Anillo Insular de Tenerife.
El gasto plurianual para licitar la contratación de la ejecución del proyecto de construcción fue autorizado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre por valor de 365.756.887,37 euros y la obra se encuentra en proceso de licitación. Asimismo, el tramo El Tanque-Santiago del Teide, de 11,3 kilómetros de longitud, unirá los corredores norte y sur de la Isla, conectando mediante sendos enlaces las poblaciones de El Tanque y Santiago del Teide. La nueva vía dará continuidad a los tramos Adeje-Santiago del Teide, en el sur, e Icod de Los Vinos-El Tanque, en el norte. Con ello, se conseguirá conectar las carreteras TF-1 y TF-5 por el oeste. La velocidad de proyecto será de 80 kilómetros hora.
La obra arrancará en El Tanque, a una altitud de 600 metros, justo en la zona donde finaliza el subtramo anterior entre Buen Paso y El Tanque. El trazado salva esta población por el sur hasta interceptar la carretera general TF-82, a la altura del Barrio Nuevo, que cruzará con un túnel artificial; desde donde ascenderá girando hacia el sur para pasar entre el Lomo Morín y la zona de Nogueros, en la que se situará la boquilla norte del túnel de Erjos, aproximadamente a un kilómetro al oeste del pueblo de Ruigómez, en la cota de 775 metros.
La nueva vía estará compuesta por una calzada simple de 3,50 metros a cielo abierto y doble dentro del túnel, con arcenes de 2,50 metros. A lo largo del recorrido habrá dos enlaces, uno en El Tanque y otro en Santiago del Teide, así como un viaducto, cinco túneles artificiales, cuatro pasos inferiores, dos superiores y una pasarela peatonal. En total habrá 28 obras de drenaje, 11 muros y un túnel en mina.
El Túnel de Erjos, de más de cinco kilómetros de longitud, constituirá el elemento más singular del Anillo Insular de Tenerife. Esta obra subterránea, que discurrirá bajo el macizo de Teno, será uno de los túneles de carretera más largos de España.
El Gobierno aprueba nuevos cambios en las universidades canarias
El Gobierno de Canarias ha abordado diferentes cuestiones relativas a las enseñanzas universitarias en el Archipiélago, introduciendo varios cambios dentro del proceso de mejora de las instituciones académicas y su adaptación a la demanda socioeconómica actual.
Así, el Consejo de Gobierno, reunido hoy en Las Palmas de Gran Canaria, dio el visto bueno a varios proyectos de decretos por los que se acuerda la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos nuevos como son el título oficial de Máster Universitario en Electrónica y Telecomunicación Aplicadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); el título oficial de Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de La Laguna (ULL); y el título universitario de Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del Atlántico Medio.
Cabe recordar que el propio Consejo Universitario de Canarias, órgano formado por rectores, vicerrectores de las universidades del Archipiélago, los presidentes de los consejos sociales, el director general de Universidades del Gobierno de Canarias, la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y el director de la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información, ya emitió informe de conformidad sobre la implantación de estas nuevas titulaciones el pasado mes de marzo.
Por otra parte el Ejecutivo autonómico aprobó el cambio de denominación del Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna por la de Instituto Universitario de Investigación Social y Turismo, con el fin de ajustarlo a la realidad metodológica e investigadora del propio centro educativo, por la necesidad de contar con un instituto especializado en investigaciones turísticas, así como para evitar la confusión existente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna.
Por último, se aprobó la supresión administrativa de diferentes titulaciones, ya extintas, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya habían dejado de ser impartidas, si bien no se había tramitado oficialmente su supresión. Ambos asuntos cuentan también con el visto bueno del Consejo Universitario de Canarias.
El Gobierno aprueba la modificación del Decreto de Restauración Turística realizada para simplificar la normativa relativa a los bares, restaurantes y cafeterías
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la modificación del Decreto 90/2010 de 22 de julio por el que se regula la Actividad Turística de Restauración y los establecimientos donde se desarrolla, cumpliendo así con el deber de las administraciones públicas de revisar periódicamente su normativa en aras de una mayor simplificación y adaptación a las nuevas tendencias del mercado.
En este sentido, y dado que la actividad de restauración también viene ordenada por otra normativa sectorial, no turística, que establece límites, requisitos y condiciones al desarrollo de la misma se ha procedido a suprimir todos aquellos artículos duplicados.
En concreto, el Decreto por el que se regula la Actividad Turística de Restauración en lo relacionado a condiciones de higiene y salubridad contiene aspectos que se regulan en el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos por lo que, en aras de una mayor simplificación normativa, se considera conveniente su supresión en la norma sectorial turística.
Se suprime el artículo 6, relativo a la capacidad de los establecimientos, por encontrarse regulado en el Reglamente de Actividades Clasificadas, ya que con este artículo lo que se pretendía era recordar la forma de calcular el aforo, ya regulado en el Código Técnico de la Edificación.
Se suprime también el artículo 7, relativo a condiciones y requisitos mínimos generales y lo relacionado al número de aseos exigibles y la extracción de humos, por estar regulada en normativa específica, quedando por tanto el artículo 8, limitado a la exigencia de contar con personal que hable español y a los requisitos de equipamiento de los establecimientos.
Asimismo, se modifica el artículo 2, referido al concepto de Actividad Turística de Restauración, incorporándose qué debe entenderse, a los efectos del presente Decreto, por establecimiento abierto al público. La finalidad es incluir en esta regulación todas aquellas iniciativas novedosas o tendencias actuales que, en definitiva, se pueden entender incluidas dentro del concepto de restauración porque ofrecen servicios de comidas y bebidas a través de medios o canales de difusión, como pueden ser portales o páginas web.
Se suprime además el artículo 12, relativo a la facturación, por encontrarse ya contempladas en su normativa específica, el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
El artículo 11, relativo a los precios, también se cambia y ahora recoge que todos los precios que figuren en las cartas y listas de precios deberán incluir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), por lo que en las cartas y listas de precios deberá constar de forma clara y visible la expresión “IGIC incluido”. No obstante, si las prestaciones de servicios de restaurante o de bar cafetería se encontrasen exentas de dicho tributo, en las cartas y listas de precios deberá constar de forma clara y visible la expresión “exención franquicia fiscal”.
Decreto de Turismo Activo
A la modificación de este Decreto se suma un cambio en el Decreto del Turismo Activo, en relación con la cuantía mínima del seguro de asistencia o accidente para cubrir los servicios de búsqueda, rescate, traslado y asistencia derivados de un accidente en la prestación de las actividades de turismo activo.
Se trata de un cambio en el apartado 1.5.2 del modelo de declaración responsable, mediante el cual se elimina la cuantía mínima de cobertura del seguro de asistencia o accidente, que se había fijado en 600.000 euros, y no queda fijada ninguna cuantía económica concreta.