Canarias estudia medidas legales tras el incumplimiento de los convenios de Vivienda, que afectan a barrios como Titerroy y Valterra
La consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo ha empezado a estudiar posibles medidas judiciales contra el Gobierno central tras el incumplimiento de los convenios de rehabilitación y reposición de vivienda que afectan a 4.206 inmuebles, entre ellos la rehabilitación de las viviendas de los barrios de Titerroy y Valterra, en Arrecife.
En una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, ha mostrado su malestar porque la firma de una administración pública "ya no es una garantía", y ha lamentado que se vaya a perder una inversión de 186 millones pactada entre los gobiernos central y autonómico con cabildos y ayuntamientos porque iba a servir para reactivar el sector de la construcción.
De los 46 convenios previstos inicialmente, hay 32 afectados, y en principio, el Estado se ha comprometido a renegociar las actuaciones a partir de 2014 "pero dependiendo de la disponibilidad presupuestaria", ha subrayado Rojas.
Según la consejera, ha sido una decisión "unilateral" del Gobierno central que ni siquiera está condicionada por el ajuste que habían solicitado los ayuntamientos para que la inversión se ampliara al tiempo con menos aportaciones anuales.
No en vano, el Gobierno central ha recortado el presupuesto destinado a Vivienda en Canarias un 83 por ciento, de 14 a poco más de 1,6 millones, ha comentado.
Así, quedará afectada la reposición de viviendas de 488 familias: las 37 cuarterías de Mata (Gran Canaria), 114 viviendas en Tamaraceite (Gran Canaria), y están aprobados y pendientes de resolver trámites previos para iniciar las obras en El Centurión, en La Laguna (Tenerife), 115 en La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife y los arus de Valterra y Titerroy (Lanzarote).
Rehabilitación
En cuanto a la rehabilitación, se interviene en 3.718 viviendas ubicadas en los barrios de Santa María del Mar, Ofra, La Salud, El Toscal, Miramar, La Victoria, en Santa Cruz de Tenerife; Las Rosas en Adeje; casco histórico de la Orotava; Antón Guanche en Candelaria; La Verdellada, El Cardonal, San Luis Gonzaga y el casco histórico en La Laguna; los barrios de Escaleritas, San José y Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, y las 90 viviendas de Puerto del Rosario en Fuerteventura.
"El Ministerio solo pagará deuda, o sea aquellos que ya estén culminados y que el Estado no hubiera pagado alguna anualidad como ocurre con la primera y segunda fase del casco histórico de La Laguna y la segunda fase de la Verdellada", ha detallado.
El Gobierno de Canarias ha culminado en los últimos años la rehabilitación o reposición de 14 barrios a través de los convenios que tiene establecidos con el Estado y las administraciones locales. En concreto, se trata de dos áreas de reposición urbana, lo que ha supuesto derribar las viviendas antiguas y reconstruir el barrio entero a 150 familias más 12 áreas de rehabilitación integral que han mejorado el entorno del barrio y la vivienda a 2.224 familias canarias.
En cuantos a las reposiciones, se han culminado las 108 viviendas del barrio de Cuesta Piedra, en Tenerife, y la reposición de las 42 viviendas de los barrios palmeros de Mirca y Timibúcar.
Sobre rehabilitación, se han culminado un total de 12 áreas: las 147 viviendas de Puente Taco, 144 viviendas en el barrio San Antonio, las primeras fases del barrio de la Victoria (60 viviendas), del barrio Miramar (95 viviendas), del Polígono de Ofra (56 viviendas) y del barrio Santa María del Mar (112 viviendas).
Además, la primera fase del casco histórico de La Laguna (38 viviendas) y de la Verdellada (80 viviendas) y la rehabilitación de la urbanización Campino en Icod de los Vinos (193), en Tenerife.
Asimismo, destaca la rehabilitación de 100 viviendas en Tirma, Santa María de Guía y 1.152 viviendas en Las Remudas, en la isla de Gran Canaria, lo mismo que la rehabilitación de 48 viviendas en San Sebastián de La Gomera.
El Gobierno de Canarias recoge en convenio la financiación de plazas para personas en situación de Dependencia por ingreso urgente
Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha autorizado también este jueves en Consejo de Gobierno la modificación de los convenios suscritos entre el Gobierno canario y los Cabildos Insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote y La Palma para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.
Esta modificación consiste en adicionar una nueva cláusula para que se permita de forma excepcional destinar la aportación máxima a que se refieren las cláusulas cuarta y quinta, a la financiación de plazas para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad cuyo ingreso urgente sea requerido por orden judicial, y para cofinanciar otros gastos realizados de forma efectiva, entre los que se podrá incluir, siempre y cuando no afecte a la financiación estatal en materia de dependencia, los que se deriven de la supervisión de servicios y recursos a personas en situación de dependencia, del transporte de personas usuarias en situación de dependencia reconocida a Centros de Día y de Noche y el exceso, en su caso, del precio plaza/día fijado.
Estos acuerdos, que se aprobaron en Consejo de Gobierno el pasado 11 de abril, contemplan una inversión por parte del Gobierno de Canarias, de un total de 39.411.920 euros.
Hay que recordar que con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.
El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un Catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.
En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.
Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en los años 2010, 2011 y 2012 con los siete Cabildos Insulares de Gran Canaria para la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las personas mayores o con discapacidad.
Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.
El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien habrá de dar cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Disposición final decimocuarta), pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.
Dado que los convenios firmados en el año 2012, tanto en el área de mayores como en el área de discapacidad, finalizaron su vigencia en dicho año, se hace necesario formalizar un nuevo convenio que articule la colaboración entre la Administración Autonómica y los Cabildos Insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote y La Palma, durante 2013, para la prestación de los servicios en centros de día y de noche, así como de atención residencial incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios o concertados por la referidas corporaciones, a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.