La Comisión Europea ha dado su visto bueno a la renovación del Régimen Económico Fiscal (REF) propuesto por el Gobierno de Canarias y consensuado con el Gobierno de España, según anunció este viernes el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz. Con esta conformidad de Bruselas, la reforma entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015 y se extenderá hasta el año 2020.
A partir del próximo ejercicio, explica el Ejecutivo regional en nota de prensa enviada a Crónicas, las Islas contarán con un REF "que será el más potente que haya tenido Canarias para generar empleo. Todos sus instrumentos se han reformulado o se han creado para incentivar el mercado laboral", asegura González Ortiz.
Según el consejero, esta reforma "afianzará la recuperación económica incrementando la actividad, la diversificación y la competitividad de nuestras empresas que se verán fortalecidas por un mayor estímulo a la inversión, a la innovación y a la internacionalización".
Después de varias semanas de negociaciones, la Comisión Europea ha dado por válidos los nuevos incentivos fiscales que se aplicarán en Canarias fijando su encaje dentro del reglamento general de exención de la UE.
Aunque esto suponía inicialmente que las ayudas percibidas por las empresas canarias, como compensación a la lejanía e insularidad, no podían superar en su conjunto el 10% de su cifra anual de negocio, el Gobierno de Canarias ha logrado acreditar que las empresas industriales, con dificultades para cumplir este tope, tienen unos sobrecostes superiores. Por tanto, el porcentaje para este sector se eleva ahora al 17,5% mientras que para el resto se mantiene al 10% establecido.
En este sentido, Bruselas requiere que durante la vigencia del próximo REF los beneficiarios canarios no acumulen ayudas de funcionamiento por encima de estos límites cuando se acojan a varios incentivos fiscales a la vez. Se trata, entre otras, de las subvenciones al transporte de mercancías, AIEM, ZEC, la RIC vinculada al empleo o las deducciones de gastos en el exterior; una exigencia que no les afecta cuando se favorecen de las ayudas a la inversión.
Sobre este aspecto, el consejero González Ortiz afirma que, tras las intensas negociaciones con Bruselas, "hemos logrado flexibilizar las condiciones de forma que las empresas puedan beneficiarse simultáneamente de varias ayudas siempre que su aplicación no supere sus sobrecostes por desarrollar su actividad en una región ultraperiférica".
Principales novedades
Por otra parte, entre los cambios del próximo REF destacan los aspectos de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC). A partir de ahora, se podrá materializar el 50% de las dotaciones en la creación de nuevos empleos y se abren otras vías para la inversión indirecta con el fin de que pequeñas empresas y profesionales puedan participar en proyectos conjuntos de mayor dimensión.
Otra de las herramientas novedosas es la Deducción por Inversiones en África Occidental. Dirigida exclusivamente a pymes, podrán obtener entre un 10 y un 15% de deducción por implantar sucursales en determinados países siempre que incrementen la plantilla de sus trabajadores en Canarias y mantengan ese incremento durante los siguientes tres o cinco años.
Esta medida, que pretende contribuir a la expansión de las empresas con el objetivo de que revierta en las Islas, se complementa con otra deducción similar en los gastos de promoción internacional y de apertura y prospección de nuevos mercados.
De otro lado, la vigente Deducción por Inversiones se mantiene como un mecanismo fiscal esencial en el que se introducen mejoras como la ampliación a 15 años, en lugar de los 5 actuales, del periodo de aplicación y se incrementa al 45% la deducción destinada a la innovación.
Por otra parte, la Zona Especial Canaria (ZEC) registra modificaciones sustanciales. Se eliminan los actuales límites de bases imponibles para obtener una tributación de sólo el 4% siempre que las empresas que se instalen garanticen la creación en las Islas de un mínimo de 50 puestos de trabajo.
Con la nueva norma se suprimen, además, las restricciones geográficas de forma que las empresas puedan desarrollar su negocio en cualquier lugar del Archipiélago; se prolonga el plazo de inscripción y de disfrute de los incentivos; y se amplía el listado de las actividades que pueden realizarse.
El Gobierno de Canarias interpone un recurso contra el Reglamento General de Costas
Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que aprueba el Reglamento General de Costas "por considerar que este documento vulnera las competencias autonómicas", según explica el Ejecutivo en un comunicado de prensa.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha propuesto, mediante orden, a la Dirección General del Servicio Jurídico de Presidencia del Gobierno, la interposición del citado recurso.
Entre otras cuestiones, el recurso cuestiona asuntos sobre núcleos de población en la costa, clasificación de playas, limitación de celebración de eventos y ampliación en parcelas que se encuentran en la actualidad afectadas por la servidumbre de protección.
Respecto a los núcleos de población, la Comunidad Autónoma considera que es competencia de ordenación urbanística qué suelos son merecedores de ser clasificados como urbanos, a los efectos de la aplicación de la servidumbre de protección, y no considera conveniente que esta decisión la adopte el Estado, tal y como queda establecido en el Reglamento.
El Estado, a través de este texto, establece además como obligación de la Comunidad Autónoma distinguir en las playas entre tramos urbanos y naturales, y establece un régimen jurídico para dichos tramos. El Gobierno de Canarias entiende a este respecto que dicha obligación se excede de las competencias estatales, toda vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya al respeto y tiene reconocidas las competencias para la ordenación de las playas a las comunidades autónomas.
El Reglamento también limita la celebración de eventos deportivos o culturales en las playas urbanas y establece que éstos tienen que tener relevancia nacional o internacional, sobre lo cual la Consejería de Política Territorial defiende que, en Canarias, existe una multitud de eventos deportivos como campeonatos de windsurf o surf, que se vienen desarrollando en playas o tramos de playa naturales, y que su prohibición no sólo perjudicaría los intereses de la Comunidad Autónoma, sino que iría en contra de la competencia que ésta tiene en materia de Deportes y Ordenación del litoral. También el Gobierno de Canarias está en contra de que estos eventos tengan que tener a la fuerza consideración de campeonatos nacionales o internacionales, pues existen numerosísimos campeonatos insulares y locales en todo el Archipiélago que son también de interés turístico y deportivo.
Finalmente, el Gobierno de Canarias también se posiciona en contra de la propuesta que tiene el Reglamento General de Costas de ampliación de las afecciones, en parcelas que se encuentran en la actualidad afectadas por la servidumbre de protección. El Estado pretende con este documento ampliar la figura de protección a la totalidad de la parcela que tenga alguna parte afectada por las servidumbres costeras, aun cuando la mayor parte de ella se encuentre fuera de dicha protección. En una Comunidad que basa buena parte de su economía en el turismo asociado a los usos costeros, esta medida podría tener un efecto demoledor, a juicio del Gobierno, pues con ello se impediría, entre otras repercusiones, gran parte de la política que se está llevando a cabo de modernización de núcleos turísticos.
El Reglamento cuya impugnación se propone desarrolla la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, respecto de la cual el Gobierno de Canarias tiene ya interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, en el que, en síntesis, ha planteado su disconformidad por similares vulneraciones constitucionales de determinados artículos y de disposiciones adicionales.
Estas disposiciones adicionales guardan relación con el deslinde de la isla de Formentera, la exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo terrestre, el informe sobre las posibles incidencias del cambio climático en el dominio público marítimo terrestre y la garantía del funcionamiento temporal de determinadas instalaciones de depuración. El Gobierno de Canarias también plantea su disconformidad por vulneraciones constitucionales de otras disposiciones como la relativa a títulos competenciales.
