El Cabildo de Lanzarote denuncia que las prospecciones petrolíferas están a 13 kilómetros de las áreas ZEC y ZEPA de Lanzarote y Fuerteventura

Ben Magec acude al Supremo con un recurso contra las prospecciones petrolíferas

Pedro San Ginés considera “intolerable e injustificable” que el Ministro de Industria y Turismo y la multinacional Repsol “sigan negando y manipulando los datos” y critica “la doble vara de medir” del Estado con respecto a Canarias y Valencia. Denuncian las medidas "represivas" contra quienes se manifestaron contra las prospecciones petrolíferas en Lanzarote delante de la sede del PP y, especialmente, contra la arbitraria orden de expulsión del ciudadano José Morales

La Federación Ecologista Ben Magec - Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de 16 de marzo de 2012, del Consejo de Ministro por los que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias a la empresa REPSOL.

Los aspectos centrales por los que se presenta el recurso se refieren a los intentos por parte del gobierno de saltarse, con el nuevo Real Decreto, la sentencia del año 2004 que anulaba los permisos a REPSOL, entre otras razones por no aportar los preceptivos estudios de impacto ambiental, cosa que ahora no sólo vuelven a obviar, sino que aportan unos informes genéricos sin valor alguno para los requerimientos de la legislación en vigor. Por si fuera poco, intentan convalidar un decreto anulado firmemente, modificando sustancialmente los contenidos del primer Decreto, lo que constituye un acto claro de nulidad del decreto.

En síntesis, asegura la asociación en uncomunicado, algunas de las razones por las que entendemos debe anularse el reciente Decreto del Gobierno son:

- "Porque no es posible convalidar un acto que ha sido declarado nulo. Solo es posible convalidar los actos anulables, no los actos ya declarados nulos. Es más, el Gobierno en vez de convalidar el Decreto anulado, debería proceder a ejecutar la sentencia anulatoria en base al interés público en detrimento de un interés privado que no ha ofrecido las mínimas garantías jurídicas, ambientales y de seguridad.

-En segundo lugar, porque, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el acto de convalidación, en realidad, se ha dictado un nuevo acto administrativo sin seguir el procedimiento legalmente establecido. Hay que tener en cuenta que en el primer Decreto se otorgaba permiso para actuar en dos pozos y en el actual Decreto en “al menos dos”, modificándose criterios de inversión y plazos.

-En tercer lugar, porque se ha ejercitado la potestad de convalidación 11 años después del primer Decreto (2001) y 8 años después de la Sentencia anulatoria (2004). Se entiende que debería iniciarse un nuevo expediente.

-En cuarto lugar, porque no se han tenido en cuenta las medidas medioambientales necesarias para reducir los riesgos de accidente grave y limitar las consecuencias en caso de que se produzcan. El Real Decreto de marzo del 2012, no sólo no garantiza tales medidas, sino que por no existir carece de fundamento en su actuación. Por un lado, porque se basa en informes desfasados, aportados hace más de 7 años y, sobre todo, porque no tiene en cuenta el desarrollo normativo en materia ambiental y de impacto que se ha sucedido a los largo de la anterior década, los nuevos avances tecnológicos y, sobre todo, el rosario de graves accidentes que se han producido precisamente en estudios y prospecciones en aguas profundas, como son las concedidas a REPSOL en este cuestionado Real Decreto de marzo del 2012", alegan.

Por lo tanto, Ben Magec entiendeque "estamos ante un acto de claro desprecio al medio ambiente de las islas y de una de las zonas más ricas e importantes en biodiversidad marina".

Por último afirman que se ha vulnerado el derecho básico de acceso a la información y de participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente. Este derecho está recogido en las directivas 2003/4 y 2003/35 que parten del Convenio de Aarhus.

El recurso que anuncia Ben Magec Ecologistas en Acción, se presenta como iniciativa desde el movimiento ciudadano para conseguir paralizar el proyecto del gobierno del PP de realizar prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. En este sentido, los movimientos ciudadanos contra las prospecciones petrolíferas de Lanzarote y Fuerteventura han manifestado su apoyo a dicha iniciativa y se sumarán al recurso presentado por Ben Magec. La Federación seguirá buscando adhesiones por parte de otros colectivos y plataformas ciudadanas. Por ello hemos querido contar con la presencia directa de estas plataformas en este acto informativo.

Por otro lado, y en la perspectiva de seguir impulsando la participación e implicación de la sociedad en este asunto, Ben Magec llama a la ciudadanía a adherirse a la queja presentada por los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura ante la Unión Europea contra el acuerdo de Ministros. Dicha queja, que ha sido admitida a trámite, cuenta también con el respaldo del movimiento ciudadano de las dos islas orientales.

Por último, Ben Magec, denuncia las medidas represivas contra los compañeros y compañeras que se manifestaron contra las prospecciones petrolíferas en Lanzarote delante de la sede del PP y, especialmente, contra la arbitraria orden de expulsión del ciudadano José Morales.

A 13 kilómetros de las zonas protegidas por la UE

Cabe añadir el dato aportado por el Cabildo lanzaroteño: Las áreas de perforaciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno de España frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura se encuentran a apenas 13 kilómetros de los espacios ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves) recogidos por la Unión Europea en la Red Natura 2000.

Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, en coordinación con colectivos ciudadanos y ecologistas como El Guincho, Agonane, Ben Magec, Ecologistas en Acción y WWF Adena, han remitido información complementaria sobre esta cercanía y los peligros que ello implica para la conservación.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, considera “intolerable e injustificable” que el Ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, y Repsol “sigan negando y manipulando los datos” y critica “la doble vara de medir” del Ministro y del gobierno, “quienes en Valencia rechazan las prospecciones por encontrarse a escasos kilómetros de la costa y en Canarias las autoriza a menos de 10 kilómetros de Fuerteventura y a menos de 13 kilómetros de zonas protegidas por la normativa europea”.

Desde los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura entienden que es un argumento más que suficiente para que se suspenda todo el proceso, y explican que esto mismo fue traslado al Ministerio, a través de las alegaciones “que siguen sin contestación por parte del Estado”. Los cabildos esperan que ahora sea Europa quien les dé audiencia y suspendan el proceso.

Denuncia

La Comisión Europea admitió a trámite dos denuncias paralelas interpuestas por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura ante el Real Decreto 547/2012 (de 16 de marzo de 2012) por el que se autorizó a un consorcio de multinacionales petroleras, alemanas, australianas y españolas, la realización de perforaciones en busca de petróleo frente a las costas de Fuerteventura en Lanzarote.

La Unión Europea aceptó además el envío de estudios complementarios que sustentan la posición de los dos Cabildos orientales. Esta segunda parte de la denuncia ya ha sido presentada, incorporando dichos informes.

La queja tramitada ante la Unión Europea subraya que la ubicación de la autorizaciones (9 cuadrículas que suman 616.000 hectáreas) coincide con una de las áreas más importantes de España en términos de biodiversidad marina. Lanzarote y Fuerteventura contienen numerosos lugares de destacada importancia biológica y geológica, designados como espacios protegidos con diversas categorías de protección a nivel autonómico, nacional, europeo e internacional. Las aguas canarias también han sido declaradas por la Organización Internacional del Tráfico Marino (IMO) Zona Ecológicamente sensible al tráfico marino.

Se advierte además que la afección y los impactos negativos sobre la biodiversidad marina van a ser elevados. Tanto durante las propias actividades de prospección ya autorizadas, como por un eventual derrame que pueda afectar a las comunidades marinas presentes en las aguas y costas canarias, a partir de las futuras áreas de explotación petrolífera. El alcance e impacto de estos posible derrames estará condicionado por la magnitud del mismo y por las condiciones ambientales reinantes en el momento en que estos accidentes se produzcan.

Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es la mayor apuesta en materia de conservación realizada por la Unión Europea: Natura 2000 surge ante la necesidad de proteger los recursos naturales de Europa ante la constante pérdida de biodiversidad creando una red de espacios representativos de la diversidad de hábitats y de especies europeas.

Red Natura 2000 se desarrolla a partir de la aplicación de dos directivas europeas: la Directiva de Aves (79/409/CEE) y la Directiva Hábitats (92/43/CEE) traspuesta al ordenamiento jurídico español por el R.D 1997/45.. Está constituida por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas de Especial Conservación (ZEC) de cada Estado miembro de la Unión Europea.

Las ZEPA se comienzan a definir y establecer a partir de la Directiva Aves. Esta Directiva, de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la Unión Europea, reclama la necesidad de conservar y gestionar adecuadamente las poblaciones de aves silvestres, especialmente aquellas especies consideradas como prioritarias en Europa.

Los ZEC o Zonas de Especial Conservación son designadas por la Comisión Europea a partir de una propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) elaborados por los Estados miembros a partir de los criterios establecidos en la Directiva Hábitats (poseer especies animales o vegetales amenazados o representativos de un determinado ecosistema).