jueves 27/1/22

Astrid Pérez denuncia la "insostenible" situación en los centros de internamiento temporal de inmigrantes habilitados en Canarias

La parlamentaria regional del PP aplaude a la Memoria de 2020 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma que deja en evidencia las graves carencias que presentan los dos centros que funcionan en las Islas
Archivo- Astrid Pérez en Parlamento de Canarias
Foto de archivo de Ástrid Pérez en el Parlamento de Canarias.

La presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote y parlamentaria regional, Astrid Pérez, ha destacado este martes la preocupante situación que se vive en las Islas en materia de extranjería al constatar las graves carencias detectadas en los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) habilitados por el Gobierno de España en Canarias y también la falta medios y recursos dispuestos por el Gobierno de Canarias al sistema judicial.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2020, que el fiscal superior, Luis del Río Montesdeoca, ha presentado por la mañana en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias.

La diputada popular, según recoge en nota de prensa trasladada a Crónicas su grupo parlamentario, considera que “el informe es revelador y deja constancia clara de la improvisación con la que el Gobierno del Estado está actuando con respecto a la llegada incesante de inmigrantes irregulares a las islas. Pese a que llevamos dos años con flujos migratorios constantes, el gobierno de Sánchez ha sido incapaz de arbitrar durante este tiempo una solución ni siquiera desde el punto de vista asistencial y de infraestructuras”.

Astrid Pérez resalta algunas de las frases que se recogen en la Memoria tras las visitas realizadas por el personal de la Fiscalía a los diferentes CATES del Muelle de Arguineguín y Barranco Seco, en Gran Canaria, y el habilitado en Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto al Muelle de Arguineguín, se señala que se trataba de un lugar totalmente improvisado que adolecía de lo más básico, de las instalaciones de Barranco Seco, que puede ser muy mejorado en cuanto a las instalaciones y con respecto al CATE de Santa Cruz de Tenerife, que se remitieron todos los protocolos existentes para garantizar la integridad física y la salud de los internos, aspecto éste que preocupa, muy especialmente en un año tan difícil desde el punto de vista sanitario.

Para Astrid Pérez resulta totalmente intolerable que la palabra que más se siga repitiendo a estas alturas en materia de inmigración sea precisamente la de “improvisación y provisional” y que con este argumento “se acometan disparates e ilegalidades como la que estamos viendo con el campamento y las carpas instaladas por el Gobierno del Estado en Puerto Naos, en Arrecife, con la connivencia y el silencio cómplice del Gobierno de Canarias”.

Unas instalaciones que, recuerdan desde el PP, "carecen de cualquier plan de seguridad y medidas de protección y que con las primeras lluvias de estos días pasados quedaron encharcadas de forma vergonzante".

Pérez confía en que los datos que se aportan en la memoria de la Fiscalía sobre extranjería sirvan para motivar la toma de decisiones y la puesta en marcha de medidas que garanticen una atención digna y adecuada a las personas que están llegando a nuestras costas.

Falta de medios de la Administración

La parlamentaria del PP y alcaldesa de Arrecife ha resaltado, además, que la Memoria de 2020 también desvela situaciones concluyentes que "evidencian la nula respuesta del Gobierno canario en la dotación de medios y recursos". En este sentido, el informe señala textualmente que “la falta de un sistema informático integral que recoja todas las incidencias de las cuestiones de extranjería impide tener conocimiento de las efectivas autorizaciones concedidas por los juzgados, y de las efectivas expulsiones administrativas que se producen”.

Otro problema que refleja la Fiscalía es la falta de una base de datos propia para controlar todos aquellos procesos en los que se haya solicitado la sustitución de la pena privativa de libertad del ciudadano extranjero en situación irregular por su expulsión.

“Insistimos en lo mismo, no puede ser que en pleno siglo XXI la Administración canaria siga funcionando de esta forma. Es inadmisible la escasez de medios a la hora de facilitar a los trabajadores de la administración un trámite procedimental ágil y adecuado”, denuncia Astrid Pérez.

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